La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó ayer que el Gobierno prevé poner en marcha en octubre un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados de larga duración en situación de «especial necesidad», y que de momento se encuentra trazando «mapa» entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el «universo» de personas a atender.
Este plan se recoge en un documento acordado con patronal y sindicatos, que Báñez presentó tras la reunión con los agentes sociales en la Moncloa, que estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
No obstante, los sindicatos habían sustanciado de forma particular una propuesta, más concreta, en la que no entró la ministra de Empleo, para establecer una ayuda adicional también desde octubre para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con una financiación de 2.500 millones.
La clave radica, por tanto, en qué potenciales beneficiarios abordar. Así, Báñez quiso dejar claro que «hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni en el Estado ni las comunidades autónomas». «Hay que ver el colectivo afectado y habrá recursos», añadió para apostillar que «los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras del Gobierno».
Ampliar protección
Báñez señaló, por otra parte, que el plan del Gobierno responde a que es «consciente» de que hay familias con todos sus miembros en paro, a los que «hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar», y recordó que el Ejecutivo lleva desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes.
Por su parte, el secretario general de CC.OO. dijo que las ayudas que proponen las centrales afectarían a unas 500.000 familias sin ingresos y con el cabeza de familia en paro, que requieren una «atención prioritaria». «En un país moderno no podemos dejar a estas personas», aseguró.
A su vez, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, indicó que esta propuesta requiere una concreción «urgente» y el correspondiente desarrollo de la financiación necesaria.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, aseguró que la patronal «no pone reparos» a este tipo de ayuda.
