El Tribunal Constitucional desdibujó ayer un poco más la línea que separa la Justicia de la comedia bufa y, como por otra parte resultaba del todo previsible, no consiguió el más mínimo avance a la hora de desbloquear la sentencia que debe decidir sobre la adaptación a la Carta Magna del nuevo Estatuto catalán. En realidad, en lugar de dar un paso adelante, los magistrados retrocedieron, y cada vez están más cerca de cumplir con las sugerencias políticas de mantener el asunto en suspenso hasta que pasen las elecciones autonómicas de este próximo otoño.
Así, tras otra, la enésima, reunión infructuosa, la presidenta de la más alta instancia española, la progresista María Emilia Casas, decidió asumir personalmente la ponencia de la sentencia del texto regional después de que conservadores y progresistas -tan fielmente afines los unos a las tesis del PP como a las del PSOE los otros- se negaran a revisar sus posturas para lograr un consenso que permitiese sacar adelante una resolución.
Ayer, al contrario de lo que sucedió el pasado 16 de abril cuando se sometió a votación el último borrador de sentencia presentado por la progresista Elisa Pérez Vera, ni siquiera fue necesario votar el texto que estaba sobre la mesa, redactado por el conservador y vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, que asumió la ponencia tras el fracaso de su compañera.
Según informaron extraoficialmente fuentes del Constitucional, bastaron las intervenciones verbales de los 10 magistrados con derecho a voto para que Jiménez asumiera que su borrador, más restrictivo con las veleidades nacionalistas del Estatut que los de Pérez Vera, tampoco contaba con los apoyos necesarios para convertirse en la sentencia definitiva, lo que le llevó a retirar motu propio el texto y, siguiendo los pasos de su antecesora, renunciar también a continuar como ponente.
Fue entonces cuando Casas
-que se comprometió ante sus compañeros a presentar un nuevo borrador, que sería el séptimo, a la mayor brevedad posible- decidió asumir el reto de desbloquear el debate y lograr de una vez por todas el consenso necesario para resolver un asunto que lleva estancado en el tribunal nada menos que cuatro años.
Por supuesto, el simple relato de los hechos no puede ocultar que todo lo sucedido estaba cantado, especialmente a la vista de que hace tan solo un mes los mismos magistrados que ayer se sentaban a la mesa rechazaron por seis votos a cuatro una propuesta de sentencia que ya anulaba una quincena de artículos y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera posteriormente en las leyes que deben desarrollar el Estatut. Tal enconamiento no podía sino aumentar a la vista de que el proyecto presentado por Jiménez ampliaba el número de preceptos declarados inconstitucionales.
Cabe recordar que los cuatro magistrados del bloque conservador -integrado por Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde-, exigen que el texto sea fuertemente «recortado». Por su parte, el bando progresista lo componen el flexible Manuel Aragón -que se alineó con los conservadores en la última votación-, Pérez Vera y Casas Eugeni Gay y Pascual Sala.
