Responsables del fondo de inversión que se hizo cargo de la hipoteca que pesa sobre el aparcamiento de Las Oblatas intentarán negociar con el equipo de gobierno municipal la reapertura de la infraestructura para no perder la licencia otorgada en su momento.
Como se recordará, el gobierno municipal requirió a finales de marzo al representante legal de la sociedad Hotel Doña Juana, que fue la que solicitó la licencia para el parking, la apertura inmediata de las instalaciones construidas en el subsuelo de la antigua huerta del Convento de las Oblatas, en el centro histórico de Segovia, y que disponen de 454 plazas de aparcamiento.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, confirmó ayer que a finales de esta misma semana se mantendrá la citada reunión, primer paso tras el requerimiento o ultimátum que lanzó el Ayuntamiento para que la infraestructura se abra antes del 30 de abril o, de lo contrario, podrá perder la licencia otorgada.
La obra del aparcamiento finalizó en octubre de 2013 y cuenta con todas las autorizaciones para su puesta en funcionamiento, entre otras con una licencia concedida en diciembre de 2014.
Antes de que el parking esté operativo es preceptiva la comunicación al Ayuntamiento para que los servicios municipales realicen una inspección previa a la apertura.
Reguera puntualizó que este aparcamiento subterráneo es perfectamente legal pero la propiedad corre el riesgo de perder la licencia y, en ese caso, tendría que volver a solicitar una nueva y pagar la correspondiente tasa.
Hay que señalar, además, que durante los meses anteriores esta infraestructura ha sido utilizada por clientes del hotel Eurostars Convento Capuchinos, situado en el inmueble del antiguo convento de Oblatas pero, al no contar con control de accesos y vigilancia, estaba siendo aprovechado por otros conductores para estacionar sus vehículos. Al parecer, esa circunstancia sí se ha solventado tras el ultimátum municipal.
La propietaria del aparcamiento, Hotel Doña Juana S. L., obtuvo el primer permiso en el año 2005, por lo que se ha superado el periodo de cuatro años establecidos como límite, así como varias prórrogas concedidas por causas justificadas. La hipoteca que esta sociedad suscribió con una entidad financiera pasó a Bankia y ésta, tras su intervención por el Estado, la traspasó a un fondo de inversión, ya que desde entonces ha vivido un proceso de comercialización de los activos inmobiliarios para centrarse en el negocio financiero.
