Parece que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está maldito. O, más bien, su Presidencia. Y es que después de la dimisión del que fuera su dirigente, Dominique Strauss-Kahn, tras ser acusado de violación, ahora su actual mandataria, Christine Lagarde, se ha visto inmersa en un proceso que le acusa de delitos de trato de favor al empresario francés Bernard Tapie.
Un documento redactado por el Tribunal de Justicia de la República (CJR) apunta a la implicación «personal» de la francesa en los delitos de «complicidad en falsificación» y de «desvío de fondos» de los que está acusada, cuando era ministra de Economía, en 2008.
Según el informe, destapado por el sitio de internet Mediapart, la directora del FMI se involucró «personalmente» en el proceso de adjudicación de una millonaria indemnización a Tapie (amigo, por cierto, de Nicolas Sarkozy), una tramitación que tiene «numerosas irregularidades».
El texto indica que hay «indicios graves y concordantes que permiten sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de arbitraje, se esconde en realidad una acción concertada para otorgar» a Tapie una remuneración que no habría podido obtener por la vía judicial.
Los hechos que investiga la CJR datan de 2008, cuando el Ejecutivo aceptó pagar una compensación de 285 millones de euros al empresario por la adjudicación en 1993 de la compañía Adidas, que le había sido confiscada y vendida por un precio inferior al real.
La Justicia había dado la razón al beneficiario, pero a la hora de fijar la indemnización, el Ministerio de Economía dirigido por Lagarde acudió a una intervención privada en lugar de dejarlo en manos de los tribunales.
Esa decisión justificó la apertura de una investigación a la política francesa, porque, según un grupo de diputados socialistas, el arbitraje privado decidió el pago de una indemnización muy superior a la que hubiera otorgado la justicia ordinaria.
El informe de la CJR revela que «el proceso que condujo al pago de sumas elevadas con cargo a las finanzas públicas comporta numerosas anomalías e irregularidades».
Al tiempo, el texto asegura que Lagarde «parece haber participado personalmente en los hechos, en particular, dando instrucciones de voto a los representantes del Estado» en el consorcio público encargado de pagar la indemnización.
Ese documento, revelado ahora, justificó que el pasado día 4 la CJR se mostrara favorable a la apertura de una investigación, oficialmente lanzada esta semana.
