El ex concejal del PSOE, Juan Cruz Aragoneses, no cometió un delito urbanístico en la reforma de la vivienda que compartía con su ex pareja sentimental, Felisa Torrego Díaz. La Audiencia Provincial ha emitido un auto que supone el archivo firme y definitivo, sin posibilidad de recurso, de la denuncia penal que pesaba sobre Aragoneses y Torrego y que interpusieron Tomas Sanz y Javier Lobo, arquitecto y aparejador de los ‘miniapartamentos ilegales’ en la ribera del Eresma, promovidos por la sociedad en la que participaban los ex concejales del PP, Ángel Sancho y Manuel González-Herrero
El auto, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, está dictado, con fecha del pasado 21 de mayo, por el presidente de la Audiencia, Andrés Palomo, y los magistrados María Felisa Herrero y Javier García Encinar. La Audiencia rechaza los recursos de apelación que presentó la Fiscalía y los denunciantes contra el auto dictado, el pasado 13 de febrero, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, que había ordenado el archivo del procedimiento penal sobre el caso de la reforma de la vivienda de la ex compañera sentimental de Aragoneses, situada junto al monasterio de San Vicente el Real.
Éste era el segundo auto emitido por este mismo Juzgado que ordenaba archivar la denuncia penal por entender que Aragoneses no cometió ningún delito urbanístico en la reforma de la vivienda. No obstante, entre medias, en septiembre de 2012, el Juzgado ordenó reabrir el caso por una cuestión formal, puesto que no se habían practicado todas las diligencias que había pedido el Ministerio Fiscal.
Los dos autos, de contenido similar, emitidos con un lapso de un año, en los meses de febrero de 2012 y 2013, fueron dictados por dos jueces distintos. En síntesis, con el ahora dictado por la Audiencia Provincial, los tribunales se han pronunciado en tres ocasiones, con jueces distintos, y en todos los casos han estimado que no ha quedado acreditado que las obras hayan afectado a un bien jurídico protegido, como la cacera de regantes de San Lorenzo o las vistas del monasterio de San Vicente el Real desde el valle del Eresma, como alegaban los denunciantes; con independencia de que haya existido un aumento de volumen en la edificación con respecto a lo permitido por la licencia.
A este respecto, el auto de la Audiencia Provincial sostiene que el «exceso de edificabilidad (…) son cuestiones dirimibles urbanísticamente en vía administrativa» y que todos los excesos que se pudiesen detectar en la obra carecen de entidad suficiente para conculcar el bien jurídico tutelado en el artículo 319.2.; esto es, en opinión de los magistrados de la Audiencia la actuación no reviste las características de un delito contra la ordenación del territorio.
Una vez que el archivo de la causa penal es firme, el Ayuntamiento de Segovia podrá ahora abrir la vía administrativa para desbloquear los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador.
Aunque la licencia la solicitó la compañera sentimental del concejal, el PP, en la oposición, denunció la existencia de indicios sobre «irregularidades urbanísticas graves» en la reforma de la casa de Aragoneses y su pareja, puesto que se habrían ejecutado obras no ampararas por la licencia, para lograr un aumento en el volumen de la edificación, que se sitúa en suelo rústico protegido. El concejal, considerado ‘mano derecha’ de Arahuetes, presentó finalmente su dimisión en julio de 2010.
Denuncia con olor a vendetta.- L a denuncia penal contra Aragoneses y su ex pareja, tenía olor a vendetta, pues no en vano fue presentada por Tomás Sanz y Javier Lobo, arquitecto y aparejador implicados en el caso de los ‘miniapartamentos ilegales’ junto al Eresma; con quienes el Ayuntamiento libraba entonces una dura batalla en los tribunales.
Los denunciantes alegaron que las obras de reforma de la casa habían destruido parte del trazado de la cacera de regantes de Enrique IV, en el barrio de San Lorenzo, un bien jurídico protegido, lo que suponía, en su opinión, la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Practicadas todas las pruebas y peritajes pendientes y solicitados por el fiscal, y con los informes del Ayuntamiento y de la Comisión de Patrimonio, el auto dictado en febrero de 2013 —que ha confirmado ahora la Audiencia Provincial— concluyó que las obras no habían alterado ninguno de los bienes jurídicos protegidos, como la cacera, el monasterio de San Antonio El Real, declarado BIC, y las vistas protegidas del Alcázar, de la Alameda del Parral y del arbolado del entorno de Segovia.
A petición propia, el 4 de junio de 2010, Aragoneses fue relevado temporalmente de sus funciones como edil de Urbanismo tras la denuncia presentada contra él y su pareja. Finalmente, Aragoneses presentó en julio de 2010 su renuncia al acta de concejal «por coherencia personal y política», para poder defenderse y que el caso no afectara al equipo de Gobierno socialista.
