Hoy se cumple un año desde que ETA proclamara el cese de sus «acciones armadas ofensivas», un primer paso al que siguieron otros, pero sin que haya llegado la noticia más esperada, la del abandono definitivo de la violencia.
La banda realizó su anuncio el 5 de septiembre del año pasado, a través de un vídeo enviado a la BBC británica, y solo 20 días después, el 25 de septiembre, se firmó el acuerdo de Gernika por parte de cinco formaciones nacionalistas (EA, Aralar, militantes de la izquierda abertzale, Alternatiba y los franceses Abertzaleen Batasuna).
En él se instaba al grupo armado a un «alto el fuego permanente» y al Gobierno a iniciar un «proceso democrático» para el final del terrorismo. Tras éste y nuevos emplazamientos desde el soberanismo vasco, unido al agotamiento de los plazos para que los grupos radicales pudiesen presentarse a las elecciones municipales, ETA declaró el 10 de enero el tan reclamado «alto el fuego permanente, de carácter general y verificable internacionalmente».
A esta declaración siguió, el 7 de febrero, la presentación de Sortu, la nueva marca política de los radicales llamada a sustituir a la ilegalizada Batasuna.
Fueron dos pesos pesados como Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin los que defendieron los estatutos del nuevo proyecto, en la mayor exposición pública del entorno de la banda a la violencia. No fue suficiente para el Supremo, que el 23 de marzo rechazó la inscripción de Sortu como partido legal, con una sala dividida entre nueve magistrados que consideraban a la nueva formación un intento de proseguir la acción de Batasuna y los siete que estimaban que cumplían los requisitos para ser legal.
Tras este rechazo, el 5 de abril se registró la coalición electoral Bildu, formada por EA, Alternatiba e «independientes» de la izquierda abertzale con la intención de concurrir a las elecciones del 22 de mayo.
Las listas de Bildu también fueron recurridas por el Estado ante el Supremo y, mientras se reunían pruebas para su anulación, la banda comunicó a los empresarios del País Vasco y Navarra el cese definitivo del denominado impuesto revolucionario, la extorsión económica de los terroristas y una de sus mayores fuentes de ingresos.
La Justicia vetó la presentación de las candidaturas de Bildu, pero el Constitucional las admitió, permitiendo de esta forma su concurrencia a las elecciones del pasado 22 de marzo.
La participación de la nueva agrupación en dichos comicios se saldó con el mayor triunfo de los radicales en la democracia, especialmente en Guipúzcoa, donde consiguió, entre otros hitos, hacerse con el Gobierno de la Diputación Foral y del Ayuntamiento de San Sebastián, tras ser la fuerza más votada en las dos instituciones públicas.
En esos meses, algunos movimientos de etarras en Francia, la detención de activistas destacados (como Alejandro Zobaran Xarla, Mikel Oroz o Iñaki Dominguez Atzalandabaso), así como un enfrentamiento a tiros con la Gendarmería en Vallieres (Francia), en el que resultó herido un agente, hicieron sospechar de la veracidad de esta declaración de «alto el fuego» de la banda.
Sin embargo, pasados esos incidentes, se va a cumplir el primer aniversario desde el anuncio de la organización terrorista sin que se haya producido ninguna acción violenta con muertos o heridos, exceptuando el citado del país vecino, y, por primera vez, las fiestas de las capitales vascas transcurrieron el pasado mes de agosto sin violencia callejera.
