Mientras el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, realizaba ayer nuevas fintas dialécticas para advertir a los proetarras de que la mera presentación de una nueva marca política formalmente desvinculada de ETA no les permitirá estar en las urnas si no hay rendición y entrega de las armas, el ex embajador de Venezuela en la ONU y ex ministro de Información del país sudamericano Diego Arria Salicetti ofrecía en la Audiencia el contrapunto realista y explicaba que la banda terrorista, lejos de preparar su retirada, continúa expandiendo sus tentáculos por sudamérica. Así, en el ámbito de la causa que investiga las relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la banda vasca, el antiguo diplomático declaraba en la Audiencia que, además del jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras, Arturo Cubillas, otros seis etarras trabajan para Chávez.
Salicettí, que dijo carecer de datos sobre los entrenamientos desarrollados por las dos bandas asesinas en territorio venezolano, sí aportó sin embargo numerosos informes de los servicios de inteligencia de Caracas que acreditarían sin lugar a dudas las «vinculaciones» del Gobierno bolivariano con ETA.
Pese a tales evidencias de que los asesinos continúan ejerciendo su oficio con entusiasmo, Conde Pumpido optó por estrechar un poco más cada vez menos nítida frontera que debería separar a los terroristas de los demócratas y, tras definir a los proetarras como «sector político», explicó que, si los abertzales quieren presentarse a las próximas elecciones, tendrán que «romper definitivamente con ETA, a no ser, añadió en un anticipo de lo que se antoja el escenario más probable, que la banda «rompa definitivamente con la violencia».
«Ya hemos señalado reiteradamente qué es lo que tiene que suceder para que este sector político pueda participar en la vida pública: tiene que abandonar definitivamente las armas o tiene que abandonar, Batasuna, definitivamente a ETA», indicó el representante del Ministerio Público.
Sin desviarse de dicho razonamiento, el fiscal agregó que todas las demás opciones, en expresa referencia a los planteamientos realizados el sábado por el histórico batasuno Rufino Etxeberría y la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitilarrangoitia, «son absolutamente insuficientes». «La ley de partidos no solo prohíbe las formaciones vinculadas al terrorismo, sino también aquellas que quieran suceder a cualquiera que haya sido declarada ilegalizada», puntualizó Pumpido.
Cabe recordar que los etarras explicaron en Pamplona que iniciarán los trámites para «la legalización de un nuevo proyecto político con la presentación de sus estatutos, que se elaborarán de conformidad con la ley de partidos».
