Pudo haber sido un gran acuerdo entre Gobierno, fuerzas sociales y partidos de la oposición, pero se quedó en acuerdo entre Ejecutivo, empresarios y sindicatos.
Podría haber sido una nueva versión de los Pactos de la Moncloa de 1977, los que promovió Adolfo Suárez y que pusieron en marcha una nueva política económica y laboral; pero el Pacto Social de Zapatero ha quedado muy lejos de aquella iniciativa que coordinó el vicepresidente económico del primer Gabinete de la democracia, Enrique Fuentes Quintana.
Lo que habría que preguntarse es si la urgencia de alcanzar un acuerdo antes de la llegada a Madrid de Angela Merkel impidió que el texto pudiera ser negociado con los partidos de la oposición, lo que habría dado mayor envergadura al acuerdo, o si es la estrategia del líder socialista de denunciar la escasa colaboración del PP para superar la crisis lo que ha provocado que las reuniones se hicieran de espaldas a la oposición política.
A medida que transcurren los días se afianza la idea de que el político leonés no estaba interesado en que la alianza tuviera más amplitud, entre otras razones porque sabe que contará con los apoyos suficientes durante su tramitación parlamentaria, pues incluso el PP está dispuesto a firmarla a pesar de las críticas a la nueva política sobre pensiones, que Mariano Rajoy resume con una corta frase: «No se puede festejar que haya que trabajar más para recibir menos pensión». Pero secundará el Pacto Social porque es necesario apoyarlo, solo así se salvará España de la intervención directa de la Unión Europea en su economía. Sin embargo, los distintos portavoces parlamentarios han expresado su intención de incorporar algunas enmiendas al texto firmado por Zapatero y su ministro de Trabajo, los presidentes de la CEOE y Cepyme, así como los secretarios generales de UGT y CCOO.
Ésa es la clave del descontento de la oposición: el texto. Nadie del Gobierno se preocupó de informar a los partidos sobre la marcha de las negociaciones -CEOE y CCOO, en cambio, llamaban puntualmente al PP para explicarlas-, y una vez alcanzado un acuerdo la madrugada del lunes al martes, nadie del Ejecutivo tuvo el gesto de enviar su contenido a los partidos de los que esperaban respaldo. Los portavoces parlamentarios se telefonearon la mañana del martes para averiguar si alguno disponía del texto, hasta que un colaborador le dijo a Soraya Sáenz de Santamaría que El País lo había colgado en su página web, filtrado desde Moncloa. Esa fue la forma, la descarga desde internet, en que conoció los términos del Pacto Social la oposición.
Antes del mediodía, un correo electrónico del gabinete de protocolo convocaba a los distintos portavoces parlamentarios a acudir a Moncloa para asistir a la firma del pacto. No hubo llamada posterior para confirmar la recepción del email o reiterar la invitación, excepto en el caso de Josu Erkoreka, portavoz del PNV, formación que se ha convertido en el apoyo seguro del Ejecutivo en los últimos meses. El dirigente nacionalista explicó que no podría asistir porque se encontraba fuera de España y sugirió que acudiera en representación de su grupo otro parlamentario, pero desde Moncloa le indicaron que solo estaban invitados los portavoces. Josep Antonio Duran i Lleida, que mantiene muy buena relación personal con Zapatero y que ha llegado a importantes acuerdos parlamentarios con el PSOE, explicaba de forma muy gráfica su situación e incluso su estado de ánimo: «No vamos a ser padrinos de un convenio que ni siquiera conocemos».
Estaba claro que al Gobierno le interesaba capitalizar el pacto para el propio Ejecutivo y para el PSOE. Por si había dudas, en la tarde del jueves Chaves, Gómez y Sebastián se reunían en Ferraz con los dirigentes regionales del partido, para explicarles los términos y exponerles las líneas que más deben destacar en sus contactos con los ciudadanos durante la campaña electoral.
Zapatero llamó a Rajoy antes de la convención del PP en Sevilla para informarle de que se había llegado a un principio de acuerdo con las fuerzas sociales. En esa conversación, el líder de la oposición le trasladó su intención de apoyar el acuerdo del Gabinete con sindicatos y empresarios porque la situación de crisis obliga a aceptar las iniciativas del Gobierno negociadas con sus interlocutores, aunque le advirtió de que no compartía las decisiones que había tomado respecto a las pensiones.
