Cinco alcaldes de distintas localidades de Castilla y León fueron denunciados ayer ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica.
Así lo explicó el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentó ante los tribunales contra los alcaldes de El Burgo de Osma y Langa de Duero, en Soria; Lumbrales (Salamanca); Peguerinos (Ávila), y Santonvenia del Esla (Zamora), en los que imputa a los regidores un posible delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal o, de forma subsidiaria, una falta contra el orden público.
En el caso de Langa de Duero, la denuncia está relacionada con el mantenimiento de un escudo de piedra anticonstitucional presidiendo el Ayuntamiento, mientras que en El Burgo de Osma el letrado hace referencia a la existencia de una calle dedicada al General Yagüe, así como a una Estatua erigida al mismo personaje.
Por su parte, en Peguerinos se hace constar el mantenimiento de la Avenida 18 de Julio, y en Lumbrales la Cruz de los Caídos, así como de una placa con la leyenda ‘A la memoria de sus gloriosos caídos en la Santa Cruzada nacional de 1936 a 1939 dedica este sencillo monumento el pueblo de Lumbrales 1940’.
La lista de denuncias lo completa la relativa a Santovenia del Esla, que conserva la Cruz de los Caídos, en la nacional 630, justo en el costado del Ayuntamiento que da con esta carretera, además de la placa con el nombre del fundador de la falange española, en primera línea.
Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes en toda España, entre ellos los de Burgos, Fuentes de Oñoro (Salamanca), Las Navas del Marqués (Ávila), Medina del Campo (Valladolid), Palencia, Salamanca, Zamora y Villamuriel de Cerrato (Palencia), si bien la mayoría de las denuncias fueron sobreseídas.
Con anterioridad, entre el 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, y el 17 de este mismo mes el letrado interpuso igualmente denuncia contra una veintena de obispos y arzobispos, entre ellos los de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Segovia, y los alcaldes de ambas localidades, así como de Cantalejo (Segovia).
El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” y que no lo habían hecho.
