La provincia de Segovia cuenta con 275 entidades que trabajan en el ámbito social para las que la Junta de Castilla y León quiere establecer un marco legal que reconozca, refuerce, potencie y dé seguridad a su “inestimable labor”. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, así lo ha explicado en la presentación ante los medios de comunicación del anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla y León, que impulsa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El 61 por ciento de las asociaciones sociales que operan en la provincia atienden a personas mayores, un porcentaje seis puntos por encima de la media de Castilla y León (55%). La Comunidad cuenta con la implicación de un total de 3.000 entidades que dan más de 5.000 servicios en diferentes áreas como la discapacidad, la inclusión social, la protección a la infancia, además de la ya citada ayuda a mayores.
José Mazarías ha explicado que la Junta considera “necesaria” esta regulación “debido a la importancia que tiene el tercer sector en la Comunidad Autónoma puesto que ha ido adquiriendo un protagonismo creciente en un territorio caracterizado por la dispersión, un envejecimiento elevado y núcleos de población muy pequeños donde estas entidades han proliferado y están consiguiendo tener una mayor cercanía y relación con los ciudadanos para detectar situaciones de riesgo de exclusión”.
Además de dar marco legal a las entidades sociales, definir su marco de acción y buscar su protección, el proyecto contempla favorecer el mecenazgo y el patrocinio, así como ampliar los modelos de voluntario, incluyendo, por ejemplo, el prestado por menores de edad o las aportaciones que en este campo puede dar el uso de las nuevas tecnologías.
El delegado territorial de la Junta acompañado por la gerente provincial de Servicios Sociales, Carmen Well, ha informado a varias entidades y asociaciones de Segovia sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla y León, documento publicado en el espacio de participación ciudadana ‘Gobierno Abierto’, accesible en la web de la Junta de Castilla y León, para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones y sugerencias al texto hasta el 5 de marzo.
Han asistido al encuentro representantes de la Asociación Alzheimer de Segovia, Fundación Personas, Asidos-Down Segovia, Asociación Amanecer, Aspace Segovia, Autismo Segovia, Cáritas Diocesana, Hermandad de Donantes de Sangre, Cruz Roja Española, Parkinson Segovia, Plataforma de Voluntariado, Federación de Jubilados y Pensionistas y Fundación Secretariado Gitano.
De acuerdo a las explicaciones aportadas por el delegado territorial, el documento en tramitación constituye el marco legal de referencia, determina el papel del Tercer Sector Social, su ámbito de intervención definiendo jurídicamente sus características, principios y obligaciones y garantiza la sostenibilidad a través de la Concertación Social. Además establece fórmulas de participación concertada añadiendo como valor trabajar en Red en Castilla y León y actualiza la normativa del voluntariado como parte integrante del Tercer Sector Social. Asimismo, según la Junta, refuerza los canales de interlocución y participación con las distintas administraciones públicas y con otros agentes del ámbito de la intervención social, a la vez que aporta “la cobertura jurídica que las entidades llevan años demandando”. Finalmente contempla la creación de un censo de organizaciones lo que permitirá conocer la realidad del Tercer Sector en la Comunidad.
Contenido de la Ley
La presente ley se estructura en 5 capítulos, 19 artículos, 2 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.
En su Capítulo I, la Ley define lo que son las entidades del Tercer Sector Social y establece además la creación de un Censo de Organizaciones que lo forman, mientras que el Capítulo II establece la finalidad de la intervención del Tercer sector, que se concreta en promover la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o en peligro de estarlo, con el fin de trasformar la sociedad y convertirla en más justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrática.
Dentro de este capítulo se establecen los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las intervenciones que realicen las entidades del tercer sector con una especial mención al trabajo en la Red de Protección, la coordinación con los sistemas de servicios sociales de responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de referencia ubicado en un técnico de los equipos de acción social básica del CEAS correspondiente. Se establecen también distintas fórmulas de colaboración de las entidades del tercer sector, destacándose la definición y alcance de la acción concertada así como los principios en los que debe inspirarse la misma dejando su desarrollo por Decreto.
El Capítulo III aborda la participación del Tercer Sector y la interlocución social, regulando el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las Administraciones de Castilla y León y estableciendo los distintos órganos colegiados estableciéndose como órgano específico de colaboración del tercer sector la sección de colaboración con el tercer sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
El Capítulo IV se dedica a la promoción del Tercer Sector Social en Castilla y León y lo hace planteando la elaboración de un ‘Plan Estratégico para el impulso y promoción del Tercer Sector’, con una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales se llevarán a cabo una serie de actuaciones de promoción dirigidas, entre otros objetivos, al favorecimiento del mecenazgo y el patrocinio.
El Capítulo V hace referencia a las obligaciones del Tercer Sector en lo que respecta al personal laboral y sus condiciones de trabajo, finalizando el capítulo con otras obligaciones específicas de las entidades del tercer sector que responden a la aplicación de principios generales para asegurar la evaluación de la propia actividad, el control, la transparencia, la gestión conforme a modelos democráticos o la igualdad.
Finalmente este anteproyecto modifica la Ley del Voluntariado en su disposición final primera, ya que promueve y facilita la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado, realizadas a través de las distintas entidades y adapta la norma vigente desde hace 13 años a las nuevas formas de voluntariado que han surgido y a la realidad social de Castilla y León.
