Un recurso presentado por una de las siete empresas licitadoras que optan al contrato de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Segovia ha suspendido temporalmente el procedimiento abierto el pasado mes de junio, aunque el concejal de Gobierno Interior, Andrés Torquemada, espera que antes de que finalice el año haya resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León.
La Mesa de Contratación, que preside Torquemada, decidió el 26 de octubre excluir a dos de las empresas al considerar que la información que ambas habían incluido en el sobre 2 debía haber estado en el sobre tres de sus ofertas, y, por lo tanto, podía contaminar el procedimiento de adjudicación al no quedar suficientemente garantizados los principios de imparcialidad, objetividad e igualdad de trato a los licitadores.
En cualquier caso, se procedió a la valoración de las siete licitadoras y precisamente una de las dos que han sido excluidas del procedimiento obtuvo la segunda mejor puntuación en el informe técnico.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es un órgano que forma parte del Consejo Consultivo de Castilla y León, es competente para conocer y resolver recursos especiales en materia de contratación de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.
El recurso especial en materia de contratación lo puede presentar toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. El citado tribunal tiene un plazo de dos meses para resolver.
El presupuesto de licitación del contrato de los servicios de defensa, representación en juicio y asesoría jurídica del Ayuntamiento de Segovia asciende a 187.223,51 euros (IVA incluido) por un año, aunque puede prorrogarse por otros tres, de año en año, mediante acuerdo expreso de las dos partes.
Según la información facilitada por los servicios municipales en el pliego de prescripciones técnicas, en los últimos tres ejercicios el Ayuntamiento ha estado involucrado en una media de más de 50 pleitos judiciales al año.
Señala, además, que en el momento de la elaboración del pliego había 32 asuntos pendientes, aunque advierte que el número exacto al que tendrá que hacer frente el adjudicatario puede variar hasta la firma del contrato.
Entre las cuestiones pendientes, la más antigua es un procedimiento ordinario de 2017 relacionado con una reclamación de responsabilidad patrimonial; de 2018 hay una casación en una demanda de personal; dos de 2019, en ambos casos procedimientos ordinarios, uno de urbanismo y otro de expropiación forzosa; cinco de 2020, también ordinarios: cinco por el PEAHIS, uno de urbanismo y dos de contratación, y 14 de 2021, seis de ellas apelaciones y el resto procedimientos ordinarios sobre diferentes asuntos.
