La simbiosis entre el poder político y el poder económico en nuestro país desde los años 40 del pasado siglo ha vendido determinada por la relación de los bancos, las eléctricas y las constructoras con el Gobierno de turno. El resultado ha sido la estructura económica de España, con grandes diferencias territoriales de renta y riqueza, condicionada al mismo tiempo por la necesidad permanente de fomentar la promoción inmobiliaria y el desarrollo del turismo, incapaz de conseguir el pleno empleo y generar los recursos necesarios para colmar al sistema tributario español. El resultado ha sido el déficit público permanente y la elevación de la deuda pública, es decir trasladar el problema a las futuras generaciones.
En el mismo sentido, también es conocido el tema de las puertas giratorias en nuestro país. El ex ministro Ángel Acebes es consejero de Iberdrola, Felipe González de Naturgy y José María Aznar asesor de Endesa. Fátima Báñez exministra ha sido nombrada Consejera de Iberdrola México, Isabel García Tejerina consejera de la filial brasileña de Iberdrola, el exsecretario de Estado Iñigo Fernández de Mesa Consejero de Scottish Power filial de Iberdrola en el Reino Unido, y Antonio Miguel Carmona vicepresidente de Iberdrola. Josu Jon Imaz San Miguel es el actual consejero delegado de Repsol. y en el ámbito político, fue presidente del máximo órgano ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco desde el 17 de enero de 2004 hasta el 12 de septiembre de 2007, sustituyendo a su histórico dirigente Xabier Arzalluz.
Si volvemos al tema que no ocupa, podemos concluir que la cuenca del Duero está explotada hidroeléctricamente por una única empresa, Iberdrola, bajo la protección del PNV, mientras que la Caixa de Barcelona controla Naturgy, Enagas y Repsol. Se proyecta la aprobación del proyecto de ley de Memoria Democrática, sin embargo no se oye de fuentes gubernamentales, ni de los grupos políticos que les apoyan como el PNV y Ezquerra Republicana, que se prevea en el horizonte la anulación de las concesiones hidroeléctricas tan injustamente concedidas concedidas por Franco.
Ahora el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la enorme responsabilidad, hacer posible un sueño, la asunción por nuestra Comunidad de la competencia sobre la gestión del río Duero. Una reivindicación que no es negociable. La Comunidad Autónoma Vasca ha recibido las competencias sobre el sistema tributario, la gestión de la Seguridad Social y, aquí, se nos niega el pan y la sal.
El artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, señalaba que “Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la Comunidad Autónoma asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma”. Un precepto que declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 32/2011, de 17 de marzo, a pesar de que la Comunidad de Extremadura solamente dispone de un 0,04% de las aguas de esa cuenca, por lo que ha de promoverse la transferencia de la gestión del río Duero y de conformidad con el artículo 150.2 de la Constitución.
También debería crearse una Comisión de Investigación dentro de las Cortes de Castilla y León que verifique el estado de las concesiones hidroeléctricas y compruebe su prórroga en fraude de ley, como el salto de Ribocayo por Orden Ministerial de 24 de mayo de 1993, acordada verbalmente por Josep Borrell (ni siquiera está firmada).
La ciudadanía de Castilla y León indudablemente ha de participar en la explotación de los Saltos del Duero, con el fin de conseguir unos recursos económicos para ser destinados a la promoción del desarrollo de nuestra Comunidad y la lucha contra la despoblación. Una necesidad que se ha hecho más evidente con la desaparición de las Cajas de Ahorros del parnorama económico de nuestra Comunidad. Los beneficiarios del desaguisado han sido los mismos, el BBVA ha absorbido a las Cajas de Manresa, Sabadell y Manlleu, así como la Caja Catalunya y Caja Tarragona, a parte de ser el beneficiario de ARGENTARIA. Mientras Caixabank ha fagocitado a Caja Segovia, Caja Madrid, Bancaja, las Cajas de Canarias, La Rioja, Laietana, junto con Caja Sol, Guadalajara, Navarra, Girona, Burgos, y las Cajas de Murcia, Penedés y SA Nostra.
Se ha escrito que la próxima guerra mundial tendrá por objeto el agua y la energía. La Guerra de Ucrania ha sacado a la luz la dependencia energética de los países de la Unión Europea en materia de energía, lo que pone en grave riesgo el futuro político y económico de la Unión. Ahora nuestra Comunidad tiene una oportunidad de primer orden, produce el 25,85% de la energía eléctrica de origen hidráulico (1ª C.Autónoma), el 23,56% de la electricidad de origen eólico (1ª CA) y está en las primeras posiciones en la producción de electricidad de origen fotovoltaico. Una oportunidad para el desarrollo económico de nuestra Comunidad que no puede caer en terreno hiermo de nuevo.
