Un guardia civil situó ayer, en el juicio por el ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo, al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las inmediaciones de una nave en Bigues i Riells (Barcelona), donde se guardaban casi 10 millones de papeletas, en días previos a su intervención el 20 de septiembre de 2017.
Así lo ha dicho un brigada del Instituto Armado —a quien no se enfocó la cara para evitar que su imagen se difunda públicamente— que declaró como testigo en la vista oral y que explicó que en los días previos a su entrada y registros estuvieron vigilando la zona y vieron que “distintas personas” entraban en dicha nave.
Entre ellas, identificó a Torra; a diputados de Tarragona, así como a los que fueran responsables de Patrimonio y de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, Francesc Sutrías y Mercedes Martínez Martos, respectivamente, estos dos últimos investigados por los preparativos del 1-O.
Esta nave fue registrada en el marco de la cuarentena de registros que se realizó el 20 de septiembre de 2017, ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización y preparación del 1-O. El dueño, Paul Furriol, fue uno de los detenidos ese día, y en ella se encontraron casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres para el referéndum ilegal.
Bloqueo
A preguntas del fiscal Fidel Cadena, también narró las “tres horas” que tardó su equipo en salir de esta nave donde, debido a que centenares de personas concentradas bloquearon las calles para impedir que se llevaran este material.
Según contó, el registro comenzó a las 9.00 horas y se realizó con total normalidad, aunque empezó a sospechar que podía haber problemas para salir de allí en el transcurso de la mañana, cuando le informaron de la llegada de manifestantes con “carteles a favor del referéndum”, que vociferaban: “votaremos” o “dadnos las papeletas”. El número de concentrados aumentó hasta las “200 o 300 personas”, añadió, y entre ellos se detectó a una persona que dio consignas para impedir la salida de los furgones policiales.
El testigo relató que el registro concluyó sobre las 14.00 horas y que los ocho furgones “cargados hasta arriba” con el material incautado tuvieron dificultades para poder abandonar la zona, una vez que traspasaron los cordones policiales.
Al menos en tres ocasiones los manifestantes interrumpieron su circulación sentándose en el suelo, lanzado “latas de coca-cola o botellas de plástico llenas”, golpeando los vehículos o se abalanzándose a ellos, contó. Asimismo, también recordó que incluso dos personas “de unos 60 años” participaron en estos actos y que un joven “simuló un atropello”. “El ambiente era hostil”, subrayó el agente de la Guardia Civil.
Los mossos
Así, prosiguió diciendo que a los coches del Instituto Armado en el que iba el letrado de la Administración de Justicia que participó en el registro y del letrado de oficio que se designó al dueño de la nave también les costaron abandonar las inmediaciones.
El guardia civil destacó de este episodio que el secretario judicial pidió algo para taparse la cara para evitar que le identificasen y que el abogado tuvo que decir a los manifestantes quién era para poder salir.
Por otro lado, el fiscal le preguntó sobre la función de los Mossos de Esquadra, a lo que el testigo explicó que “a mitad de mañana”, tres agentes de paisano se acercaron para interesarse por lo ocurrido y preguntaron si necesitaban ayuda. Además, dijo que no es hasta al mediodía, cuando ya se están produciendo incidentes con las furgonetas de la Guardia Civil, cuando se solicita ese auxilio.
Tras esta petición, una patrulla de la policía autonómica llega a las 16.00 horas y “directamente se dirigen a este joven que parecía que organizaba el acto de bloqueo de salida” y consiguen que este organizador comience a “abrir un pasillo” para que los vehículos comenzasen a circular, recordó.
