El más reconocido edificio de la plaza de Santa Eulalia, la Casa de los Buitrago, soporta casi otras tantas calamidades como la mártir que da nombre al barrio. Un martirio casi equiparable al del inmueble, cuyo futuro aún es incierto.
El último episodio de este suplicio tuvo lugar ayer. Pese a que los funcionarios municipales celebraban Santa Rita, recibieron una queja de los hasta el momento dueños del inmueble. La empresa Gliazar S.L. vio cómo la constructora contratada por el Ayuntamiento accedía por la mañana al solar contiguo, perteneciente a la misma propiedad. Allí estuvieron varias horas. Al parecer se trataba de técnicos inspeccionando el inmueble para ejecutar la consolidación anunciada por la alcaldesa. En febrero pasado se calculó su coste en 165.000 euros. Esta partida, junto con otra para sujetar el talud junto al colegio Carlos de Lecea, ha obligado a modificar el presupuesto municipal.
En su escrito de queja presentado ayer en el Ayuntamiento, los dueños del inmueble consideran una «invasión» de sus terrenos sin comunicárselo ni solicitar permiso. Recuerdan que la situación se encuentra pendiente de resolución judicial, y que, de momento, la propiedad la mantienen.
Advierten al Ayuntamiento de que las obras que quiere ejecutar «es un absurdo», que «no sirve para nada si no para cargar al ciudadano una cantidad desorbitada de dinero».
Recuerdan que ellos ya solicitaron el derribo, para lo que presentaron un proyecto, pero el propio Ayuntamiento lo denegó.
En 2001 el edificio fue declarado en ruina en dos ocasiones por el Juzgado de lo Contencioso, y otra por el Consistorio.
De forma paralela, el Ayuntamiento presentó una querella contra los dueños del inmueble por llevar a cabo demoliciones sin autorización. Pero el Juzgado 6 de Segovia archivó el caso, decisión que luego, en diciembre de 2018, respaldó la Audiencia Provincial de Segovia indicando que no había delito, puesto que los deterioros en el inmueble eran producto del paso del tiempo, y no por ejecutarlos los propietarios.
Los actuales dueños, Construcciones Gliazar, compraron este inmueble en febrero de 1999. De acuerdo con el testimonio judicial, fruto de dicha querella, y del arquitecto municipal, «el estado deplorable del edificio se debe al paso del tiempo y su deterioro, a la falta de conservación de la propiedad anterior».
En su queja, la empresa dueña del inmueble recuerda que el Ayuntamiento ya incoó expediente con orden de ejecución del edificio. Y la Comisión de Patrimonio dictaminó en 2016 dos posibles intervenciones. Una era la demolición total del edificio con la recuperación de algunos elementos como la portada, y algunas ventanas para reponerlas luego. Pero se decantaba como más adecuada la que sugería mantener la fachada principal de la planta baja y primera, y la fachada a la calle San Antón.
ENTORNO PENDIENTE
El embrollo judicial que afecta a la Casa de los Buitrago se mantiene apalancado en el tiempo, puesto que también, de forma casi simultánea, se han llevado a cabo por parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León, la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de todo el entorno de la Plaza de Santa Eulalia, en el que se incluye la Casa de los Buitrago.
Ello llevó a la sociedad propietaria a presentar un recurso y a pedir también la nulidad del acuerdo del ejecutivo autonómico. El TSJ se pronunció en octubre de 2017 desestimando el planteamiento de la empresa en lo relativo a una resolución anterior de 2015, pero estimando la nulidad del acuerdo de febrero de 2017 por la excesiva demora en la resolución del expediente del BIC, lo que supuso su caducidad y archivo.
Hace unas semanas, un Juzgado de Valladolid puso en marcha una subasta del edificio, pero no sólo no se presentó oferta alguna, sino que además, según los actuales, dueños, está denunciado dicho procedimiento de ejecución hipotecaria. Los dueños acusan en su escrito al Ayuntamiento de impulsar esta ejecución.
Los propietarios también recuerdan que en esta misma manzana, contiguo, en los números 3 y 5, el Ayuntamiento requirió la instalación de unos estabilizadores «los cuales no sirvieron más que para crear un nido de basura y suciedades». Y aunque estos propietarios han requerido al Ayuntamiento que les detalle las liquidaciones obligadas a pagar por ellos, aún no se las han comunicado.
