La Guardia Civil detuvo a una persona en la provincia de Soria y a otra en La Rioja por la obtención, clasificación, modificación y difusión de contenido sexual no consentido de 27 mujeres, algunas de ellas residentes en la propia provincia soriana y en Palencia.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de revelación de secretos, vinculados a graves vulneraciones del honor, la intimidad personal y el acceso ilícito a sistemas informáticos.
La Guardia Civil encontró 33 vídeos de origen extranjero, con indicios de haber sido obtenidos en países como Asia, Sudamérica o Rusia, que mostraban escenas de abusos sexuales y violaciones, algunas de ellas cometidas contra chicas menores de edad.
La operación “Vinteox” se inició en marzo, cuando los agentes detectaron varios grupos cerrados en una plataforma de mensajería, donde se organizaban “quedadas virtuales” para compartir imágenes de carácter íntimo, principalmente de mujeres jóvenes, sin su conocimiento ni consentimiento.
En estos espacios daban instrucciones precisas sobre cómo obtener este tipo de contenidos mediante engaño, suplantación o intrusión en dispositivos personales, además de fomentar la creación y el intercambio constante de este material en un contexto de absoluta impunidad y anonimato.
Los agentes identificaron a dos hombres, uno de ellos administrador de varios canales, así como a 27 víctimas, a las que habían grabado sin su conocimiento o que habían sufrido accesos ilícitos a sus dispositivos informáticos para el robo de imágenes. La mayoría de estas víctimas residía en la ciudad de Logroño, aunque también se localizaron casos en las provincias de Albacete, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Soria, Vizcaya y Zaragoza.
El modus operandi
Los detenidos llegaron a instalar sistemas de videovigilancia ocultos en pisos de estudiantes que compartían con algunas de las víctimas, en alojamientos utilizados durante viajes con amigos e incluso en viviendas particulares de otras afectadas aprovechándose de la confianza personal que mantenían con ellas.
Grababan de forma continuada escenas de la vida privada más íntima, sin que las víctimas, algunas de ellas menores de edad en el momento de los hechos, sospecharan nada. Posteriormente, difundían esas grabaciones en grupos cerrados de mensajería instantánea.
En otros casos mantenían relaciones sentimentales y realizaban videollamadas de contenido sexual haciendo capturas de pantalla o grabando sin autorización.
Las imágenes y vídeos de las víctimas eran clasificados en carpetas independientes, organizadas según varios criterios como el nombre de la víctima, su lugar de residencia o el tipo de relación que mantenía con cada una de ellas (amistosa, sentimental, académica, etcétera). Además, la Guardia Civil pudo constatar que parte de este material fue intercambiado o vendido a terceros con fines personales o económicos.
