El sindicato UGT tachó ayer de “estancadas” las cuentas presentadas por la Junta de Castilla y León para 2016 y reclamó un suelo de gasto social de 6.675 millones de euros, lo que supondría 602 millones más de lo presupuestado para esta materia. Así definió su secretario autonómico, Agustín Prieto, el proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC), el cual no dejaría “margen de maniobra” para “afrontar con garantías la recuperación económica y social que necesita la sociedad de Castilla y León”.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Prieto subrayó el “carácter urgente” de la implantación del suelo de gasto en el que “no sirve que se destine el 80 por ciento del gasto real a Educación, Sanidad y Servicios Sociales”, dado que este planteamiento “siempre toma como premisa un gasto muy limitado”, lo que provocaría “que continuara la consolidación de los recortes”.
Asimismo, UGT apostó por aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal, pues consideró que “existe margen de maniobra suficiente” en la imposición directa para “profundizar en la progresividad fiscal” y combatir la “brecha social” que ocasionan los tributos indirectos “que pagan todos con independencia de su poder adquisitivo”, recalcó el sindicato.
En este sentido, Agustín Prieto propuso un incremento del tramo autonómico del IRPF para aquellas rentas que superen los 60.000 euros anuales, con la posibilidad de desdoblar este rango en otro a partir de 150.000. El líder regional de UGT criticó asimismo la bajada “electoral” de este tributo que “no beneficia a todas aquellas familias que por su baja renta no realizan Declaración”, agregó.
También solicitó este sindicato la recuperación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para frenar la “enorme reducción de ingresos” que en los últimos años ha cifrado en cerca de 200 millones de euros a favor de “las rentas más altas de la Comunidad”, recalcó.
Por otro lado, UGT reclamó la puesta en marcha de una tasa que grave la actividad de las grandes superficies comerciales por el “alto impacto ambiental que generan” y otra aplicable a las viviendas vacías en manos de entidades bancarias, pero “no en el caso de propietarios privados”.
