El sindicato UGT en Castilla y León ha presentado ante la autoridad laboral un expediente de extinción de empleo, un despido colectivo que puede afectar a los 76 trabajadores, el 40 por ciento de su plantilla, que llevaban programas de prevención, orientación y asesoramiento a desempleados.
El secretario de Administración de UGT en Castilla y León, Manuel Martín Iglesias, ha detallado que la causa de ese despido colectivo es “la decisión unilateral del Gobierno de la Junta de no renovar esos acuerdos del diálogo social”, que llevan veinte años de éxito con un alto grado de inserción laboral, superior al de otras agencias de colocación.
En principio los trabajadores afectados son un máximo de 76 de los 188 que componen la plantilla de la UGT en Castilla y León, el cuarenta por ciento, y ahora se abre un plazo de un mes para negociar y concretar los trabajadores afectados, indemnizaciones, plan de acompañamiento social e indemnizaciones.
El número de trabajadores afectados dependerá finalmente de si la consejería que dirige Mariano Veganzones (Vox) “recapacita” y vuelve al modelo de diálogo social que durante “veinte años ha sido el buque insignia de la Comunidad” en Europa e Iberoamérica, como “manera de entender una política cogestionada” en prevención de riesgos laborales, visitas a los centros de trabajo y asesoramiento a trabajadores, orientación a trabajadores desempleados o ocupados para la mejora laboral, y asesoramiento a trabajadores emigrantes, ha referido Martín Iglesias.
“Se ha quitado una cosa muy buena, que funcionaba bien, pero no se ha puesto nada”, ha advertido el sindicalista, quien ha recordado que los trabajadores afectados llevan en muchos de los casos veinte años ligados a esos programas ahora suprimidos, porque ha llegado un gobierno de PP y Vox “que entiende las cosas de otra manera”.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado su “respeto por la capacidad de autoorganización” del sindicato y de cualquier ortanización, y de su independencia.
Ha sostenido, respecto al ERE, que no se trata de empleados públicos y ha recordado que hay proyectos en concurrencia competitiva abiertos a los que el sindicato puede optar.
