El VII Convenio Estatal de la Dependencia, firmado hace menos de un mes por la patronal y CCOO, como sindicato mayoritario del sector, no convence nada a UGT, por lo que sus representantes en la mesa de negociación no rubricaron el acuerdo.
Según explicaron esta mañana en Segovia las responsables de Atención a la Dependencia y del Sector de la Mujer de UGT, este convenio —que afecta a unos 1.000 trabajadores en la provincia de Segovia, repartidos en unas 40 empresas; y 37.000 en toda la Comunidad—, supone un retroceso tanto en las condiciones laborales como en la profesionalización de las gerocultoras y del personal de limpieza.
Fonsi Bonafonte, secretaria de Servicios Sociosanitarios y Atención a la Dependencia de UGT Castilla y León, aseguró que el convenio “es el paradigma de las injusticias” y lo único que logra es precarizar más el trabajo de los profesionales del sector “en beneficio de las empresas”. Por ello, calificó de “irresponsabilidad” la firma del convenio por parte de Comisiones Obreras.
Una de sus principales críticas se centra en que se desvirtúa el trabajo de las gerocultoras, personas que tienen que dedicarse únicamente al cuidado de los dependientes, pero que, según el nuevo acuerdo, “podrá realizar la limpieza e higiene de utensilios, ropas y estancias cuando en el servicio existan circunstancias que así lo requieran”. Esto supone dar “carta blanca a las empresas”, para cargar con más trabajo a las gerocultoras y, a la vez, reducir empleos entre el personal de limpieza, según UGT.
El convenio no cumple el Acuerdo de Negociación Colectiva, que dice que no habrá salarios por debajo de 1.000 euros
Este punto es un retroceso en todo lo conseguido hasta ahora y no permite “cambiar el paradigma del modelo de cuidado”, como quería UGT, dijo Bonafonte, quien lamentó que, “si como empresa se prioriza la limpieza al cuidado de las personas, alguien sale perjudicado”.
Además, el sindicato denunció también que el VII Convenio Estatal de la Dependencia no cumple el Acuerdo de Negociación Colectiva, en el que se determina que no habrá salarios por debajo de los 1.000 euros en un convenio colectivo, algo que sí se permite en este sector, a pesar de la rentabilidad que obtienen las empresas.
Asimismo, desde UGT argumentaron que el acuerdo incluye mejoras que no son tales, sino que son logros que han conseguido las trabajadoras del sector en los tribunales y, por lo tanto, medidas de obligado cumplimiento para las empresas, como la libranza obligatoria completa de un día por cada día festivo trabajado; que el descanso semanal obligatorio no pueda ser solapado por el descanso compensatorio de un día festivo del trabajador; o que en vacaciones se perciba la parte proporcional de las retribuciones variables.
Principalmente por estos motivos, UGT no ha firmado el VII Convenio Estatal de la Dependencia, un convenio de transición, según explicó Bonafonte, porque nace ya denunciado. El próximo comenzará a negociarse en unos meses y entonces ya no podrá ser rubricado por un solo sindicato, puesto que con la entrada de nuevas empresas habrá más representación de otras agrupaciones.
Sin embargo, lamentó las concesiones que se han hecho a la patronal en este convenio, porque las empresas se aferrarán a estas cláusulas que las benefician y no querrán dar marcha atrás en la próxima negociación, señaló la secretaria regional de Servicios Sociosanitarios y Atención a la Dependencia de UGT. Por ello, concluyó, desde su sindicato se va a pedir una comisión tripartita que incluya a la patronal, a los trabajadores y también a la administración pública.
