El exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull respondió ayer a las preguntas del fiscal sobre las continuas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que dejaban en suspenso las leyes de desconexión y de referéndum, que lo que hizo el Govern fue un “ejercicio de ponderación” entre “lo que dicen las leyes” y su “compromiso con los ciudadanos de Cataluña”.
Durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, el acusado reiteró en numerosas ocasiones que la convocatoria de referéndums “no tiene reproche penal” y que, ante las impugnaciones del Gobierno central a determinadas leyes o las advertencias que llegaban del TC, el Ejecutivo entonces presidido por Carles Puigdemont tenía que hacer un “ejercicio de equilibrio” entre “lo que dicen las leyes” y su “compromiso con los ciudadanos de Cataluña”.
De hecho, una de las palabras que más repitió Turull durante el interrogatorio fue el verbo “ponderar”: “Hicimos un ejercicio de ponderación”; “Nosotros lo ponderamos todo”; “Ya lo he dicho antes, un político tiene que ponderarlo todo”, fueron las expresiones lanzadas por el acusado cuando tuvo que explicar por qué siguieron adelante con el referéndum ilegal mientras les llegaban las notificaciones del Constitucional.
“Un político tiene que ponderarlo todo. Lo que dice la ley, pero todas las leyes; que el Govern se debe al Parlament; que está despenalizado convocar referéndums; ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña… Ponderándolo todo fue la manera que fuimos actuando”, dijo.
Ese “compromiso” con los ciudadanos que alegó el exconsejero es la respuesta del Govern al “movimiento independentista” que, en su opinión, “va de abajo hacia arriba”. “No se buscaba la determinación ciudadana, sino que ésta ya existía y había que darle una solución política”, afirmó, tras lo cual negó que se intentara crear conflictividad en las calles, ya que “los hechos lo desmienten” porque tanto el Gobierno catalán como el Parlament buscaron “insistentemente el diálogo” con el Estado. “Como decía Antonio Machado, antes de dialogar hay que escuchar. En Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político”, subrayó.
El exconsejero aprovechó para denunciar que “el Estado ha incumplido 25 veces sentencias del Tribunal Constitucional” y que él, por un auto en el que se le advertía sobre la convocatoria del referéndum, lleva un año en prisión provisional.
“Esto de ponerse el traje de constitucionalista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional cuando quieras. Yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por nuestras ideas; ya lo veo”, censuró Turull en respuesta a preguntas del fiscal Jaime Moreno.
Turull y Moreno protagonizaron un interrogatorio muy tenso, con continuas interrupciones y respuestas en ocasiones irónicas, que obligó al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, a intervenir para dirigir la declaración y solicitar al primero que deje contestar al segundo y a éste, que se limite a responder a lo que se le pregunta, sin entrar en valoraciones políticas.
Cultura de la paz
El exconsejero catalán de Asuntos Exteriores Raül Romeva defendió durante su declaración que la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía “no es un alzamiento” y que “la únicas armas fueron las de la Guardia Civil”.
El exmandatario catalán realizó estas manifestaciones tras definirse como un experto en resolución de conflictos y “cultura de paz” y negar “ser independentista”, si bien explicó que lo “está” por la “ruptura emocional profunda” que le produjo la sentencia sobre el Estatut de Cataluña que dictó en 2010 el Tribunal Constitucional.
También se refirió Romeva a la ausencia de violencia en relación a la jornada del 1-O, cuando desde el Govern llamaron a la ciudadanía a participar “libre y obviamente de forma no partidista”. La situación según reconoció el exconsejero fue “tensa en el sentido de preocupación pero había una firme determinación cívica y pacífica de llevar a cabo el derecho a voto”, y el único uso de la violencia de forma injustificada fue a su juicio el empleado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Romeva también empleó gran parte de su intervención en defender que el derecho de autodeterminación, al afirmar no está prohibido en la Constitución, por lo que considera que “es cuestión de voluntad política encontrar la forma de ejercerlo”.
Así, ha reconocido que “durante toda su vida” habló “sin ningún problema y sin ningún rubor” sobre el derecho a decidir en Cataluña, también como eurodiputado y como consejero del Govern de la Generalitat.
“Sí, yo he defendido el derecho a la autodeterminación, pero es que no es delito”, insistió Romeva a las preguntas de su abogado, y tras subrayas que “la autodeterminación no va en contra de la Constitución española”.
