El pasado 17 de noviembre, fue un día muy triste en mi universo mental. Treinta y tres años atrás, estrené una prenda de vestir de color negro zaino que he utilizado en más de mil ocasiones desde entonces. Aquel lejano día, la toga simbolizaba externamente mi compromiso; mientras que la promesa realizada sellaba un emblema indeleble en mi interior. Mi mano se posó sobre un ejemplar de la Constitución sobre la cual prometí su acatamiento, así como lo dispuesto en el resto del ordenamiento jurídico. Curiosamente, aquel solemne acto fue presidido por Cándido Conde-Pumpido, entonces Presidente de la Audiencia Provincial y hoy de ese Tribunal encargado de la defensa de nuestra Norma Magna.
El pasado 17 de noviembre, un Presidente en funciones se convirtió en Presidente, entronado sobre la promesa de ciertas cualidades de las que carece (conciencia y honor); la consecuencia de ello no puede ser otra más que la ficción de lo prometido. Partimos pues de una toma de posesión errática.
El pasado 17 de noviembre, culminaba un ataque desde dentro, de largo recorrido, que venía sufriendo aquella Norma que antaño prometí acatar y defender.
La lectura del Texto de Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, publicado unos días antes en el BOE, ya había encendido la indignación de jueces, fiscales y abogados. Se trata de una absoluta aberración jurídica, se mire por donde se mire.
Su Exposición de Motivos no es más que la concatenación de falsas verdades que insultan a la inteligencia y chocan frontalmente contra la más mínima formación jurídica, siquiera sea de parvulario. Citas históricas falseadas; significados de la palabra “amnistía” jurídicamente diferentes en uno u otro país; ocultación de los detalles excepcionales concretos en los casos que fue utilizada; tergiversación de nuestra historia y de nuestra legislación al respecto (aquí se aplicó en un momento concreto, en el cambio de régimen de una dictadura a una democracia cuando la Constitución no había sido aún ni siquiera escrita). Sería muy sencillo desmantelar uno a uno histórica y/o jurídicamente cada párrafo de dicho preámbulo, pero precisaría de varias páginas para ello. Simplemente resumiría que trata de sostener la constitucionalidad de la norma sobre razonamientos irracionales utilizando la conocida técnica de suturar trocitos incompletos de antiguas leyes y fundamentos inconexos de sentencias que habría que contemplar en su totalidad. El único motivo real de esta ley es su promulgación como moneda de cambio en la compra de siete votos y eso la hace adolecer de legitimidad. Resulta muy sospechoso que, en treinta y tres años, sea la primera ocasión en la que me encuentro con una ley que trata de justificar su propia constitucionalidad.
En cuanto al fondo, su articulado supone un bombardeo de destrucción masiva contra los pilares esenciales de un estado de derecho: separación de poderes, igualdad ante la ley, etc. Además, técnicamente resulta ilegal en sí misma, ya que trata de modificar por la puerta de atrás la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Constitución, eliminando ella misma el carácter suspensivo de las futuras Cuestiones de Inconstitucionalidad, tratando de rectificar políticamente las resoluciones de los jueces e instituyendo la diferencia de trato ante la ley de políticos y ciudadanos.
Pero no quisiera detenerme hoy aquí, en el pasado. Preferiría analizar el futuro. De este modo, ¿qué puede ocurrir con esta Proposición de Ley? Para ello, conviene colocar las fichas sobre el tablero y analizar las diversas estrategias jurídicas que pudieran llevarse a cabo. Para empezar, la aprobación por el Senado de la Reforma de su Reglamento, supondrá que la tramitación de urgencia (que habla por sí sola de su falta de trasparencia) la transforme en ordinaria, retrasándose su tramitación en dicha cámara hasta el mes de marzo. Aunque todo hace pensar que el proponente de la ley, el PSOE, recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta Reforma del Reglamento interno de la Cámara y, visto que lo ideológico prima sobre lo jurídico actualmente allí, se resuelva el susodicho recurso en pocos días.
Por otro lado, el PP ha anunciado su recurso de Inconstitucionalidad frente a la misma Ley de Amnistía, una vez aprobada. En este caso, también vista la entredicha imparcialidad del Tribunal Constitucional, es más que probable que la resolución del mismo en esta ocasión se retrase. En este caso, la posibilidad del efecto suspensivo de la aplicación de la amnistía con la interposición del recurso parece muy lejana. Esta es una de las consecuencias del bipartidismo. En la anterior legislatura, VOX tenía la capacidad (más de 50 diputados) de interponer recursos de inconstitucionalidad, que lograron sentencias de hondo calado, algo que ahora le está vetado.
A todo esto, ¿Qué ocurrirá con los amnistiados? Bien. Cada Juez particular puede presentar Cuestión de Inconstitucionalidad en la aplicación de la ley con cada causa donde ha de aplicarla. Aquí no se paraliza la ley de Amnistía, sino esa causa judicial concreta, y con ello, sus medidas cautelares (prisión provisional, etc.). En este caso, un prófugo podría presentarse en España sin que el juez pudiera decretar su ingreso en prisión. Y por último, está la instancia europea, quizá la más efectiva, que sí podría suspender la aplicación de la ley en tanto en cuanto se resuelve el recurso presentado ante ella. En fin, todo un panorama.
El caso es que el pasado 17 de noviembre mi mente estaba sumida en la tristeza, de ahí que necesitara meditar antes de escribir. La meditación me ha regalado la experiencia de saber que quien estaba triste no era yo, sino mi mente; que el mundo no es tan negro como esa mente lo estaba pintando entonces; que mi promesa sobre el Texto Constitucional me obliga a obrar en consecuencia; que hay esperanza de detener un proceso destructivo que emana de la mente de alguien que solo se rige por su deseo de perpetuarse en el poder a toda costa, sobre la base de unificar en su persona los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La trama de esta historia no trata sobre una determinada ideología, ni de derechas, ni de izquierdas, sino de la defensa de la ley que regula nuestra convivencia.
En este caso, la tristeza ha supuesto la puesta en marcha del sonido de la alarma del despertar, porque, si abrimos los ojos, entre todos podremos parar este despropósito.
