Mauritania, el país que el rally París-Dakar decidió abandonar por motivos de seguridad ante el repunte del terrorismo islamista, se ha convertido en una suerte de agujero negro en el que han desaparecido en pocas semanas seis ciudadanos occidentales, capturados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), cuyo paradero tratan de localizar sus países de origen en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado norteafricano.
Así, el Ejecutivo español trabaja mano a mano con el galo con el objetivo de resolver el secuestro de los tres cooperantes catalanes por este grupo radical, el mismo que también tiene en su poder al francés Pierre Camatte.
Fuentes del Gobierno han destacado la importancia de esta colaboración después de que Al Qaeda confirmara que los cuatro cooperantes están en sus manos.
Camatte, de 61 años, fue apresado el pasado 25 de noviembre en la localidad de Menaka, al norte de Mali, cuatro días antes de que Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez sufrieran idéntico destino en Mauritania.
En ambos casos, los primeros indicios llevaron a los investigadores a pensar en la autoría de Al Qaeda en el Magreb Islámico y el grupo se responsabilizó de los dos secuestros el 8 de diciembre, a través de una grabación de audio reproducida por la cadena de televisión qatarí Al Yazira.
Tras este mensaje, en el que la organización avanzaba que enviaría sendas cartas a los Ejecutivos de España y Francia con las condiciones para liberar a los rehenes, diversos foros de grupos islamistas en internet difundieron otro comunicado en el que se aseguraba que los cuatro occidentales estaban bien de salud. La nota, fechada el 7 de diciembre, no desvela las reivindicaciones, pero vinculaba la seguridad de los secuestrados a la de los captores y la de «los hermanos musulmanes».
El Gobierno español guarda silencio sobre las gestiones en marcha y se limita a pedir prudencia y discreción cuando se ha visto interpelado por los pasos que se han dado hasta el momento para avanzar hacia la liberación.
Tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso ofrecer ningún dato nuevo sobre el secuestro «por un principio de responsabilidad y eficacia».
El Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado desde un primer momento de canalizar la información, emite a diario un comunicado en el que se limita a señalar que se ha reunido el comité técnico creado para hacer el seguimiento del caso y que las familias permanecen informadas.
Con esta estrategia el Gobierno quiere evitar el acoso mediático que sufrió en la última etapa del secuestro del atunero vasco Alakrana, cuando las familias reprocharon públicamente al Ejecutivo la falta de atención e información y varios ministerios actuaban como portavoces de forma simultánea.
Sobre este asunto habló ayer la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, quien señaló que no cree que la cooperación humanitaria esté en el punto de mira de Al Qaeda, sino que son los intereses occidentales el objetivo del islamismo. Además, consideró necesario que los voluntarios que realizan caravanas solidarias en países donde puede haber algún riesgo, lo comuniquen a las embajadas para extremar la seguridad.
Entretanto, el Ministerio de Exteriores italiano anunció en una nota que ha activado todos los canales políticos y diplomáticos para conseguir noticias de la pareja que desapareció el pasado viernes en Mauritania y que se cree que podría haber sido secuestrada por una célula de Al Qaeda.
El italiano Sergio Cicala, de 65 años, y su esposa Filomene Kabouree, de 39, originaria de Burkina Faso pero con nacionalidad italiana, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en la carretera que une la ciudad de Kobeny (unos 1.000 kilómetros al sureste de Nuakchot) con el país vecino de Mali, mientras se dirigían al país de nacimiento de la mujer.
El minibús donde viajaba la pareja, que reside en Carini, en Palermo (Sicilia) fue encontrado el sábado por la mañana con impactos de bala en los neumáticos.
