Las Cortes de Castilla y León tomaron en consideración la proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida, presentada por Ciudadanos, con la que se abre el debate de la dignidad de los pacientes a una vida y muerte digna y el refuerzo de los cuidados paliativos. El texto contó con 68 votos a favor de los 81 procuradores y 13 en contra, de los parlamentarios de Vox. La ‘popular’ Paloma Vallejo afirmó que no supone una “fricción” en la coalición de Gobierno, porque es un voto en conciencia.
En la presentación del texto, Francisco Igea consideró que era más urgente una ley de derechos y garantías que la de eutanasia, afirmó que “en este país se muere mal por falta de información” o por “negar la sedación” y concluyó que no debería suceder con la ley del paciente, aunque añadió que, en la práctica, sucede.
Igea relató dos casos en la tribuna de las Cortes, de una mujer de 44 años con un cáncer de estómago sin solución a la que planteó la sedación “para no pasarlo mal” y treinta días después pidió una solución; y la de otra mujer que pidió acabar con su sufrimiento. “Esto que parece fácil no es así, y dicen que están matando” al paciente y es “no dejar a la gente decidir”.
“Por eso es necesaria esta ley, no es la ley de Ciudadanos, tiene que ser la ley de estas Cortes”, argumentó Igea, que afirmó que no es el trabajo de su partido, sino de muchas personas.
LAS RAZONES DEL VOTO CONTRARIO
Javier Bernardo Teira (Vox) compartió en que se debe abordar dejando la ideología y con rigor pero marcó una diferencia y cinco dificultades en el texto, como que no se establecen nuevos derechos, sino los que existen; que se meta al paciente en un grado de burocracia para tomar decisiones y se preguntó “qué hay de malo en estar en manos del médico”.
“Esta proposición relega el derecho a la vida como principio básico revelador”, aseveró el procurador, convencido de que es “un peligro para la dignidad”. Además, se refirió a los cuidados paliativos en el sentido de que “si no tienes dinero, tienes que morirte ya”. Por ello, pidió reforzar los cuidados paliativos. Finalmente, alegó a que esa ley sería “aliada” de la de eutanasia, “una cultura de la muerte”.
La toma en consideración contó con el apoyo de Pablo Fernández (Unidas Podemos), que pidió una llamada a la reflexión de los procuradores, dejar la ideología para garantizar a todas las personas sus derechos hasta el final de su vida. “Una ley como esta debería contar con el apoyo unánime de toda la Cámara”, sostuvo.
APOYO DEL PP
La procuradora del PP María Paloma Vallejo, que pidió “no banalizar” el debate con los reproches, calificó de “esenciales” todos los derechos a tener una muerte digna, a tener una información y cuidados paliativos y recordó que Castilla y León es la única comunidad con la categoría de médicos en cuidados paliativos.
Tras recordar que su grupo se opuso a la ley de eutanasia, manifestó que la norma presentada no es el debate de la eutanasia y lamentó que no exista en España una ley de derechos y garantías, a la vez que repasó los recogidos en la proposición de ley. “Este Gobierno de coalición votará según sus propias convicciones, sin fricción, porque no afecta al programa de Gobierno”, anotó. “Por coherencia, vamos a apoyarla”, precisó.
