La empresa pública Tragsa decidió paralizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a más de 1.300 trabajadores, muchos de ellos en Castilla y León, y que había empezado a ejecutar con la entrada del nuevo año, según informaron fuentes del sindicato CSIF. En concreto, la decisión de frenar el ERE, que ya ha sido comunicada a los sindicatos, se produce después de haber materializado el 5 por ciento de los despidos previstos.
En Tragsa estaban previstos un total de 726 despidos, de los cuales se han ejecutado unos 300, mientras que en su filial Tragsatec se han eliminado también unas 300 empleos de los 600 que estaban previstos inicialmente. Desde CSIF se pudieron felicitar por la decisión de la empresa de dar marcha atrás en el ajuste de la plantilla, impulsada por la presión ejercida por los trabajadores y por la interlocución realizada por el sindicato.
Según CSIF, la empresa ha reconocido que el incremento de los beneficios y de la actividad se ha traducido en un cambio de la situación que había provocado el ERE. Ante esta decisión, el sindicato que preside Miguel Borra analizará las medidas a adoptar a partir de ahora, al tiempo que exigirá la reincorporación de los despidos ejecutados.
Sin embargo, los trabajadores de Grupo Tragsa en Castilla y León seguirán con las movilizaciones para que se reviertan los efectos del ERE que la compañía paralizó ayer tras ejecutar 551 despidos de los más de 1.300 contemplados en un principio.
Así lo anunció el presidente del Comité de Empresa de Tragsa en Castilla y León, Ángel Hernández Pinilla, quien en declaraciones realizadas a los medios de comunicación achacó la decisión de la compañía a una “estratagema»”de frenar las protestas de los trabajadores. En el caso concreto de Castilla y León, la empresa pública ha completado 59 despidos en Tragsa y once en Tragsatec, lo que eleva la cifra total en el grupo a 70 en la Comunidad. La polémica sobre el ERE de la empresa continúa a pesar de su paralización.
