El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer que hay indicios suficientes para que la Audiencia Nacional (AN) abra un proceso con el fin de averiguar si la familia del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol posee cuentas bancarias en Suiza u otros paraísos fiscales. «Sin ningún género de dudas», respondió al ser cuestionado sobre ello, tras lo que explicó que, en este momento, ya existen tres investigaciones en marcha por el asunto de las cuentas, una en Barcelona y dos en Madrid.
Respecto a una de las denuncias registradas en la capital, interpuesta a raíz de unas declaraciones realizadas por una expareja de uno de los hijos de Pujol, Jordi, el magistrado precisó que el Ministerio Público «entiende que hay datos suficientes» que «afectan a la competencia de la Audiencia Nacional».
Torres-Dulce fue cuestionado por este asunto después de que la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción recurriese el auto del juez Pablo Ruz por el que rechazó indagar, por falta de competencia, las denuncias sobre las supuestas cuentas en el extranjero de la familia del expresident.
La otra investigación que se lleva a cabo en la capital está relacionada con una declaración policial aportada por el financiero Javier de la Rosa y que en este momento se encuentra en un juzgado de instrucción. Mientras, el proceso que se desarrolla en Barcelona es consecuencia de una denuncia «de carácter amplio y general, no concretada», que presentó el sindicato Manos Limpias.
En este contexto, el fiscal general defendió la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, que «tiene acreditados numerosos procesos con eficacia y con eficiencia» y que en el caso Palau -el desfalco que presuntamente cometió Félix Millet i Tusell como presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música– «ha realizado una actividad investigadora y de aportación de pruebas absolutamente extraordinaria».
De esta forma, el dirigente del Ministerio Público contestó a las preguntas del exdirigente Jordi Pujo que, la pasada semana, se preguntó «qué coño es eso de la UDEF» y reclamó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aclare la existencia y procedencia del supuesto informe policial que aseguraba que miembros de su familia y de la de Artur Mas tenían cuentas en Suiza.
Sin embargo, Torres-Dulce subrayó que, con la información que aporta la Policía y otras entidades investigadoras, como la Agencia Tributaria, «es evidente que la Justicia se pone en marcha y funciona».
Mientras, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, pidió que se investigue «hasta el final» el caso de las cuentas de la familia Pujol que, a su juicio, merece la depuración de responsabilidades tanto penales como políticas. Además, recalcó que «todos los españoles» están sometidos «al imperio de la ley» y enfatizó que la «corrupción debe perseguirse hasta el final».
Por su parte, la portavoz de UDC, Marta Llorens, defendió la presunción de inocencia «en cualquier circunstancia» y se limitó a pedir que «si hay alguna cosa más, se aclare judicialmente» y que se actúe con celeridad.
