El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció ayer que aplaza el debate de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) previsto para hoy tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de no permitir al candidato que asista al hemiciclo.
En un comunicado de la Cámara, Torrent lamentó la “vulneración de derechos” por parte del tribunal, y defendió que debería haber permitido a Sànchez estar en la Cámara en virtud de la resolución de marzo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En esa misma línea, el presidente del Parlament propondrá hoy que la Cámara se querelle contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por presunta prevaricación.
Fuentes de la Presidencia de la Cámara explicaron que Torrent formulará esta propuesta en la reunión extraordinaria de la Mesa prevista para las 10.30 horas.
Torrent concluye que el juez del Supremo puede estar incurriendo en un delito de prevariación, con lo que así lo trasladará a la Mesa y el órgano votará si avala la vía propuesta por el presidente de la Cámara.
Apoyo garantizado
Tanto JxCat como ERC ven con buenos ojos la propuesta y estos dos grupos tienen mayoría en la Mesa —dos miembros cada uno, por dos de Cs y uno del PSC—, así que el órgano rector de la Cámara dará su visto bueno.
El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), recordó que su grupo ya propuso hacerlo la primera vez que Llarena impidió a Sànchez estar en el pleno, y considera que la propuesta “está más vigente que nunca”.
El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, celebró la decisión de Torrent y aseguró que es una querella para defender al Parlament de las decisiones del Supremo y para defender a “todos los catalanes”.
Los otros dos grupos que están en la Mesa, Cs y PSC, difícilmente defenderán la querella ya que siempre se han mostrado partidarios de respetar las decisiones que tomen los jueces.
Los letrados del Parlament son los encargados de llevar las cuestiones legales de la Cámara, como por ejemplo los recursos ante el Tribunal Constitucional, pero fuentes jurídicas explicaron que no necesariamente llevarán ellos esta querella.
Así, argumentaron que las querellas no son su “especialidad” y recordaron que existen precedentes en los que no han sido responsables de las acciones legales de la Cámara.
