El presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó ayer que el acercamiento de presos soberanistas a centros penitenciarios catalanes es una obligación legal del Gobierno central: “No es una concesión política. No es ningún gesto político. No forma parte de una negociación”.
Así lo dijo en una declaración institucional desde las puertas del Parlament junto con el presidente de la institución, Roger Torrent, y con presencia de los consejeros del Govern y de representantes de los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP.
Torra criticó que la situación de prisión preventiva de los presos es una aberración, y advirtió de que la Generalitat seguirá reivindicando sin cesar su liberación inmediata: “No dejaremos de trabajar ni un segunda por su libertad”.
En sus casas
El president se pronunció así a pocos días de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para enfatizar que considera que el acercamiento es una mera aplicación de la ley y en absoluto una contrapartida del Estado hacia el soberanismo.
Torra consideró que los meses en que estos presos han estado en cárceles lejos de sus casas han sido “un agravio intolerable, un castigo adicional a sus familias y amigos y un motivo de vergüenza para todos los demócratas” catalanes, del resto de España y europeos.
“Hoy los tenemos más cerca, pero no están donde tendrían que estar: en la calle, en su casa, en nuestras instituciones, libres y sin ninguna causa pendiente”, concluyó el presidente en alusión a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Raül Romeva.
El Govern resume que el acercamiento “es un acto muy simple: la aplicación de la ley penitenciaria”, y lamentó que aquellos que afean a la Generalitat que no respeta la ley, en este caso es el Estado quien no ha cumplido con la legislación hasta ahora, a su juicio.
Torra también insistió en que Cataluña se encuentra ante un conflicto político y no judicial, y reclamó que se aborde desde la política y no desde los tribunales.
El president acabó con dos advertencias: que “todo esto no podrá funcionar hasta que los presos sean libres y el presidente Puigdemont y el resto de exiliados no hayan vuelto a casa” y que su Govern persistirá en la defensa incansable de la libertad de todos los catalanes.
