El presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo ayer un llamamiento a la “desobediencia civil” si la sentencia del ‘procés’ no es absolutoria aunque precisó que será una respuesta pacífica en la que los trabajadores “tienen todo el derecho a convocar una huelga general”.
Además, apunto que China ha acabado cediendo ante las protestas ciudadanas en Hong Kong. “Si China ha acabado retirando el decreto de extradición —que motivó la movilización—, a mí me parece muy relevante, muy importante”, dijo.
Torra explicó que hizo alusión a lo ocurrido en Hong Kong porque le sirve para preguntar “cuánta democracia” se está dispuesto a aceptar y cómo se resuelve el derecho que a su juicio tienen los catalanes a decidir su futuro. “Porque no se puede gobernar contra Cataluña”, advirtió. “Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia”, añadió.
En su primera intervención pública en Madrid, Torra insistió durante un desayuno informativo que “si la sentencia no es absolutoria, no la aceptaremos y actuaremos en consecuencia y todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Lo volveremos a hacer, más allá de multas, inhabilitaciones o amenazas”.
Aunque no quiso detallar en qué se traducirá esa desobediencia civil, Torra se mostró convencido de que la sociedad catalana sabrá “dar una respuesta en profundidad” por lo que si es condenatoria “lo último que haremos será abocarnos a unas elecciones”, convocatoria que dio por descartada.
Torra habló de “una nueva etapa” en la que se “jugará activamente” porque “llegarán más juicios” y, en definitiva, se dará una respuesta “de país”.
“O nos plantamos y abrimos una nueva etapa de fortalecer las instituciones y tener un horizonte claro para el ejercicio de la autodeterminación o es muy complicado”, dijo.
El presidente catalán no quiso precisar más sobre lo que hará la Generalitat el día después de que se conozca la sentencia del ‘procés’, pero dejó claro que será una reacción “crítica y exigente, de desobediencia civil y no violenta, y eso es lo que nos encontraremos encima de la mesa”.
Asimismo, explicó que el 11 de septiembre, con la Diada, ya habrá un anticipo con “una gran “movilización” en Barcelona.
El presidente catalán también se refirió a los contactos de Pedro Sánchez con los partidos de cara a desbloquear la investidura y aseguró estar “muy sorprendido” por la “pasividad” del proceso “sin avanzar y sin apenas propuestas”.
En esa línea, Torra subrayó el “menosprecio” del que ha sido objeto su grupo (JxCat) “y eso hay que tenerlo en cuenta”.
Por tanto y ante una hipotética investidura, los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso votarán ‘no’ a Pedro Sánchez ya que, tras conocer la última propuesta socialista, “no hay motivo para cambiar el sentido del voto”.
A la pregunta de qué le parece que ERC ya haya anunciado que no impedirá un Gobierno de Sánchez en caso de que haya acuerdo con Podemos, Torra comentó que ERC “puede tomar esa decisión. Somos grupos independientes”.
En su intervención, Torra afirmó que el problema de Cataluña no es un conflicto de convivencia (como recoge Sánchez en la última propuesta programática) sino de “democracia” y añadió que, a esas alturas, ya no esperan una propuesta de encaje por parte del Estado español.
Igualmente, Torra subrayó que mientras el catalanismo se ha esforzado en mantener una relación bilateral con el Estado, a partir del derecho de autodeterminación, “hubo un no sistemático a todos los anhelos independentistas del pueblo catalán”.
A esta comparecencia de Torra, la primera en Madrid en un escenario de negociaciones para la investidura y a la espera de la sentencia del ‘procés’, asistieron varios diputados del Parlament y consejeros, así como diputados del Congreso del PdeCat.
También estuvo presente el senador del PdeCat Josep Lluis Cleries y por Bildu el exsenador Jon Iñarritu.
La presencia de ERC se redujo a la consejera de Salud, Alba Vergés, mientras que del Gobierno fueron la secretaria general de coordinación del Ministerio de Política Territorial, Miriam Álvarez, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Joan Antoni Puig Server.
