La propuesta del contrato único para temporales e indefinidos planteada el pasado lunes por el comisario europeo de Empleo, László Andor, fue rechazada ayer tajantemente por el Gobierno y los agentes sociales.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, aseguró que dicho proyecto ya fue estudiado en su día por el Ejecutivo, y concluyó que «no entran dentro de la doctrina constitucional española».
En declaraciones a los medios en el marco de un desayuno informativo, que contó como invitado con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, la ministra añadió, además, que las palabras de Andor fueron «una reflexión» y «no una recomendación oficial de la UE».
«Lo que ha hecho el comisario europeo es respaldar la flexibilidad de la reforma laboral», añadió.
En cualquier caso, Báñez recordó que, tras descartar el compromiso único, el Ejecutivo optó por poner en marcha otras modalidades de contratación que, a su juicio, «están funcionando».
«Hemos reducido la dualidad de los contratos, con tres puntos menos de temporalidad en un año tan difícil como 2012», sentenció.
Por su parte, Rosell afirmó que la sugerencia de Andor para reducir el paro y la dualidad en el mercado de trabajo era «muy osada» y recalcó que la gran presencia de la industria y los servicios en la economía española hacen necesarios «diferentes tipos de contrato».
El responsable de la CEOE aseguró que le gustaría conocer en profundidad una propuesta «tan potente», que supondría reformar toda la legislación laboral nacional, a lo que añadió que también desearía saber si ese contrato único «existe en el país del comisario que formuló la propuesta».
Además, comentó que «es cierto que en España hay 41 modalidades distintas de contratos», lo que supone «muchísimas» fórmulas, pero que se utilizan siete u ocho, de las que algunas son especialmente necesarias, como es el caso, a su juicio, de la contratación a tiempo parcial. Según subrayó, esta variedad solo alcanza actualmente el 13% de los contratos, frente al 26% en Alemania. En este punto, aseguró que si se lograra equiparar este porcentaje al del país germano, la tasa de paro se reduciría en unos seis puntos.
Ocurrencia
Asimismo, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, rechazaron la «ocurrencia» del comisario europeo de implantarlo en el país para desatascar el elevado nivel de paro juvenil. Ambos sindicalistas se mostraron muy críticos con esta propuesta porque, de ponerse en marcha, implicaría un mayor aumento de la «precariedad laboral».
En concreto, Toxo señaló que esta sugerencia del comisario «es un intento indisimulado de aprovechar las circunstancias para precarizar todavía más la contratación en España».
«Sería una invitación expresa a las empresas para prescindir de la gente joven, porque resultaría menos costoso. Es el despido sin causa y, además, casi gratis total», alertó el líder de CCOO.
Por su parte, Cándido Méndez recordó a la Comisión Europea que la contratación laboral no es de su competencia, por lo que entiende que el comisario Andor, con su plantemiento, «se ha metido en un terreno que no le corresponde».
«Estamos un poco hartos de que la Comisión, en vez de asumir sus responsabilidades, que son las de diseñar otra política para salir de la crisis, hable de cosas que no le corresponden», insistió Méndez. El dirigente de UGT afirmó, además, que la modalidad del contrato único «de alguna manera ya existe en España» en la figura del contrato indefinido para emprendedores que se creó en la última reforma laboral y cuya utilización, comentó, «es prácticamente insignificante».
Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, replicó al comisario europeo que este modelo laboral no existe en ningún país de la Unión Europea y también censuró el «desbarajuste» que, a su juicio, provocó en el Gobierno esta recomendación de Bruselas.
Sin embargo, y como nunca llueve a gusto de todos, UPyD fue el único grupo político que lo defendió y sostuvo que le parecía «una tontería» que la ministra lo tachara de inconstitucional.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación Española de la Banca, AEB, Miguel Martín, pidió al Gobierno sensibilidad si se negocia el contrato único con los agentes sociales.
