Los representantes de las 22 asociaciones de transportistas que desarrollan actualmente su labor en Castilla y León se reunieron en la mañana de ayer en Valladolid para subrayar, por unanimidad, su más «rotundo rechazo» ante la medida ratificada por el Gobierno regional el pasado jueves de aplicar el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, más conocido como ‘céntimo sanitario’. Para intentar aclarar el futuro del colectivo, reclaman sendas entrevistas urgentes con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y con la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo.
En función del resultado de esos encuentros con los responsables del Ejecutivo regional, los transportistas acordaron reservarse el derecho de «adoptar medidas de presión» si no consiguen su objetivo de frenar una medida que tachan de «injusta y abusiva» para el sector. «Queremos recalcar nuestra oposición frontal a la imposición del impuesto en el tramo autonómico, porque es una medida discriminatoria con la que se penaliza directamente el sector del transporte», explicó el presidente de la Asociación Empresarial de Transportistas de Valladolid (Asetra), Miguel Olmos, que ejerció como moderador de un encuentro que se prolongó durante más de tres horas en la sede de la Confederación Vallisoletana de Empresarios.
Según apuntó, hasta no conocer de primera mano las impresiones de los consejeros, no decidirán qué tipo de medidas de presión adoptarán, y aguardan también al contenido de esos encuentros antes de reunirse con otros colectivos que también se ven afectados «de forma directa y gravísima» por el ‘céntimo sanitario’, como puedan ser los taxis, autobuses o estaciones de servicio.
«Tenemos muy buenas relaciones con estas organizaciones empresariales, y ya hemos intercambiado opiniones verbalmente con ellas, pero lo primero que queríamos conseguir era la unión de todas las agrupaciones de nuestro sector, algo que hemos certificado hoy», añadió Olmos.
Según detallan los transportistas, la consecuencia inmediata de la aplicación del nuevo gravamen será la pérdida de competitividad de sus empresas, con el correspondiente descenso de puestos de trabajo e incremento del IPC. «Va a ser el golpe definitivo para el sector castellano y leonés, entendiendo que esta pretendida imposición es inmoral, ya que se intenta penalizar de una forma discriminada a los transportistas», resumen. Además, critican que la medida se haya tomado sin haber tenido en cuenta a las asociaciones y organizaciones de transportes de Castilla y León. Según sus estimaciones, el incremento de 48 euros por cada mil litros de gasóleo supone, aproximadamente, entre 2.160 y 2.400 euros al año por cada camión, si se tiene en cuenta que el consumo medio es de entre 45.000 y 50.000 litros anuales por cada vehículos.
El sector reitera que la medida es «completamente inadecuada» y «contradictoria en sí misma», algo que argumenta en que la Comisión Europea, mediante un dictamen motivado, confirmó que el llamado ‘céntimo sanitario’ no es conforme a la legislación comunitaria. El dictamen notificado a España supone la posible ilegalidad de este impuesto al contravenir lo dispuesto en la Directiva 92/12/CE. A su vez, las asociaciones dudaron de la operatividad de la medida, ya que provocará «deslocalización del consumo», con lo que se facilitará el repostaje en comunidades limítrofes y se perjudicará a otros sectores de la actividad, como las estaciones de servicio, «que verán reducidas sus expectativas de inversión».
