La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó ayer la “importancia” que tendría la creación de una intersectorial a nivel nacional para el sector de la patata en una reunión mantenida con agricultores y ganaderos en Villoria (Salamanca), donde reconoció que desde su Ministerio se ha tratado de poner en marcha una intersectorial para la patata.
A pesar de todo, este objetivo, por el momento, no se ha cumplido aunque sí se haya hecho en otros ámbitos como el del vacuno de carne o el vino, lo que la animará a volver a “trasladar” a sus posibles promotores la idoneidad de poner en marcha esta medida, afirmó.
No obstante, García Tejerina reconoció que, aunque las administraciones públicas puedan promover su creación, “la decisión última es del sector” y son ellos los que se tienen que poner de acuerdo para seguir adelante.
En su visita a la provincia salmantina, la titular de la cartera de Agricultura aseguró también que el actual Gobierno “se ha volcado” con el sector ganadero y que, prueba de ello, es que el nuevo real decreto sobre la leche ha dado “fuerza” a sus productores a la hora de negociar con la industria del lácteo.
Por estos motivos, García Tejerina mostró su disgusto por las críticas recibidas tras sus declaraciones sobre las posibles multas a varias empresas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y recalcó que su manifestación al respeto “no ha sembrado duda” y “a todo el mundo le ha quedado claro salvo a una organización”, destacó.
Europa
Sobre este colectivo, la ministra lamentó “un uso un poco intencionado” de lo que dijo porque sus representantes “partieron mi frase en dos” y “alteraron el sentido de las palabras”. “Me hubiera gustado que la hubieran escuchado hasta el final”, manifestó antes de insistir en que su preocupación concreta sobre este asunto es que “si estas sanciones tienen efectos sobre la viabilidad de las industrias, también pueden tenerlos sobre el sector ganadero.
Y, para poner un ejemplo del interés del Gobierno por apoyar a los productores, señaló que el nuevo real decreto que regula este mercado “da fuerza” a las asociaciones de productores frente a la industria, ya que entiende la necesidad de firmar contratos por un tiempo al menos de un año y con dos meses entre la negociación del acuerdo y su entrega para evitar presiones.
