El Boletín Oficial de Defensa publicó ayer la suspensión de funciones del guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero Escudero, condenado por participar en la agresión sexual múltiple a una joven en Pamplona en los Sanfermines de 2016. La resolución, a la que tuvieron acceso los medios de comunicación, decretó que Guerrero pasó a la situación de suspensión de funciones con fecha del pasado 10 de diciembre, cuando le fue notificada una decisión adoptada cinco días antes. La orden está firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre.
El guardia civil de La Manada se encontraba hasta ahora en situación de servicio activo encuadrado “a efectos de régimen interior” en la Comandancia de Córdoba, aunque no tenía asignado ningún destino. En la misma situación se encontraba el integrante de La Manada que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, hasta que el pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley de Tropa y Marinería.
Sentencia firme
Fuentes de la Guardia Civil explicaron entonces que el Cuerpo no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta no existir sentencia firme, ya que los agentes de la Benemérita no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.
La pasada semana, la Audiencia Provincial de Navarra decidió mantener la libertad provisional para los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado.
La Guardia Civil justificó su informe elevado al Ministerio de Defensa para suspender de funciones a Antonio Manuel Guerrero Escudero, integrante de ‘La Manada’, atendiendo al nuevo procesamiento por el caso de abusos sexuales ocurrido en Pozoblanco (Córdoba) en mayo de 2016, según informaron a los medios de comunicación fuentes de la Dirección General del Instituto Armado.
Agustín Martínez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, anunció que presentará recurso contencioso-administrativo contra la “injustificada” resolución del Ministerio de Defensa por la que se suspende de funciones a su cliente implicado en el caso de abusos sexuales a una joven madrileña en las fiestas de San Fermín en Pamplona.
