El instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha aceptado la personación como acusación particular en el procedimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Abogacía General del Estado.
El interés del Gobierno en ser parte de este procedimiento penal se centra únicamente en el delito malversación de caudales públicos, ya que además de los delitos de rebelión o sedición se investiga si los dirigentes independentistas investigados podrían haber detraído fondos de Estado para destinarlos a la realización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y a otros actos posteriores.
En una providencia con fecha del pasado martes, el juez declara por personado al abogado del Estado y deja las actuaciones a su disposición en la Secretaría de la Sala de lo Penal del alto tribunal.
Entre estos gastos irregularmente desviados del erario público estarían los 1,5 millones de euros que durante el mes de septiembre gastaron las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural gastaron 1,5 millones de euros en varias actividades encaminadas al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según ha acreditado la Guardia Civil en un informe que ya se encuentra el poder del juez Llarena.
Análisis bancario
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que los citados informes del Instituto Armado están siendo analizados por ya por los Servicios Jurídicos del Estado y se está pidiendo información a la Interventora General de Cataluña sobre el objeto, intervinientes en los gastos.
En su informe, la Guardia Civil analiza las cuentas bancarias de las entidades y concluye que entre el 7 de septiembre y 11 de octubre, la ANC gastó en empresas de autobuses algo más de 300.000 euros, en imprentas y copisterías casi 69.500 euros, en empresas de publicidad cerca de 560:000 euros entre ambas asociaciones o en logística para eventos en torno a 177.000 euros. En total, se han podido identificar 1,5 millones de euros desembolsados en dicho periodo.
Hasta el momento ejercían la acusación, además de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el partido político Vox. Han presentado fianza para poder también acusar varias asociaciones y el bufete de abogados Durán&Durán, que ya es parte en la causa en la que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos y ejecución del referéndum ilegal del 1-O.
La querella presentada por la Fiscalía se dirige contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el resto del exGovern, exmiembros de la Mesa del Parlament entre los que se encuentra la expresidenta Carme Forcadell y los dirigentes de los movimientos sociales Asamblea Nacional Catalana (ANC) Ómnium Cultural Jordi Cuixart, entre otros.
