Suiza considera que España y el resto de los Estados miembro de la Unión Europea son “países seguros” donde cualquier ciudadano puede encontrar amparo a sus derechos fundamentales, por lo que en principio, no otorga protección internacional a los procedentes de estos territorios, una política general que podría cambiar en el caso de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel si se entiende que hay “pruebas concretas y fundamentadas” de que está siendo perseguida.
Según explicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Migración (SEM) helvética, este organismo competente en la recepción y tramitación de las solicitudes de asilo “asume que España en general, ofrece protección frente a la persecución política”, aunque “esta presunción podría cambiar en casos individuales a partir de pruebas concretas y fundamentadas”.
Estrategia de defensa
La exdiputada de la CUP se trasladó a Suiza hace unos días para preparar su “estrategia de defensa” y evitó comparecer el martes ante el Tribunal Supremo por su implicación en el ‘procés’. Ahora, pesa sobre ella una orden de detención, pero válida sólo dentro de las fronteras españolas.
Preguntado por esta situación, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, declaró el miércoles a un diario local que el Gobierno helvético rechazaba ‘a priori’ llevar a cabo la extradición de Gabriel si España la pedía, por entender que en su caso, “se trata con toda probabilidad de un delito político”.
“Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos”, afirmó Galli.
Suiza es uno de los firmantes de la Convención de Ginebra y aunque mantiene salvedades, contempla la persecución por razones políticas como causa para conceder asilo a un extranjero.
Quedan fuera de esta premisa, según su Ley de Asilo, las peticiones de quienes procedan de un país seguro donde hubieran podido recibir protección y las de quienes tengan un visado.
