El que fuera presidente de Caja Segovia cuando esta entidad acabó integrada en el SIP (Sistema Institucional de Protección) de BFA-Bankia, Atilano Soto, dijo ayer que haber rechazado esta integración «no habría sido suficientemente cívico». «No pudimos resistir el empuje nacional. Pero es que, además, no habría sido suficientemente cívico el hacerlo», dijo este martes durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.
Soto aseguró que no pasaron al SIP por una particular voluntad o porque la entidad pasara dificultades —»Estábamos de muy buen ver», dijo— sino que encuadró esta decisión en las exigencias que, en ese momento, circulaban para que las entidades ganaran tamaño y afrontar así mejor las dificultades de la crisis.
Antes de la fusión, reconoció que exploraron «un pacto entre compañeros y colegas de cajas provinciales de Castilla y León», aunque sin éxito, e incluso afirmó que tantearon una unión con lo que en ese momento se conformaba en Banca Cívica, donde se integraba una de esas «cajas colegas», Caja de Burgos.
Tras estas infructuosas operaciones, dijo que «se presentó Caja Madrid» y que pensó que «podía ser una solución».
Soto añadió que Caja Madrid había sido «invitada para que adquiriera cajas de alrededor» y «compusiera un puzzle», aunque no especificó si esta invitación venía de alguna persona concreta, sino que afirmó que estaban «espoleados porque el mercado exigía una respuesta, bastante rápida, por cierto, para hacer los SIP».
«Era mutua protección. Pensamos que con un 2%, nada más, de participación éramos poca cosa. Es como alguien que se sienta en el banquillo, deportivamente hablando: no es el titular, pero sabe que tendrá una oportunidad algún día o ve que su equipo es maravilloso», argumentó.
Durante su comparecencia, el que fuera presidente de la Diputación de Segovia durante 12 años por el PP, entre 1991 y 2003, defendió todos los procesos de jubilaciones llevados a cabo en la entidad que presidía, tanto durante su etapa como caja como con motivo de la fusión en BFA, cuestión que actualmente se tramita en los tribunales.
Soto recordó que la causa está abierta «en contra del parecer del fiscal» y tras ser archivada en dos ocasiones y dijo que, lejos de causar un perjuicio económico, «es al revés». Así, aseguró que si los directivos se hubieran atenido al ERE, en contra de la opinión de Bankia —»no admitía que fueran empleados de ella sino de la caja», explicadó— estos directivos «habrían ganado un tanto por ciento más».
En este sentido, recordó que había un «pacto de estabilidad» suscrito por Caja Segovia en su momento, que contemplaba las prejubilaciones con una base del 77,4% del sueldo, a imagen del resto de los empleados. «Si no se hubiese admitido el pacto de estabilidad, serían increíbles las pérdidas y tendrían que cobrar bastante más», apuntó.
En su defensa del citado «pacto de estabilidad», Soto dijo que éste constituyó «un proyecto de altísimo valor para la caja» con el objeto de retener «talento» de la entidad, una decisión «procaja para que no tuviera deterioros».
«Los talentos, obviamente, no se inventan de la noche a la mañana. Es gente preparadísima, que va cogiendo protagonismo, y en la que va depositando confianza tanto la ciudadanía como los inversores y los miembros del consejo de administración», defendido, explicando de esta forma los cuestionados planes de jubilación.
