Estaba claro que la presentación en sociedad del nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, iba a traer cola. Porque, pese a su condena al terrorismo de ETA en su presentación del pasado martes, los representantes democráticos desconfían de las verdaderas intenciones de esta formación, que pretende colarse en las listas para las próximas elecciones municipales del mes de mayo.
Mientras desde el Gobierno echan balones fuera acerca de una posible legalización del sucesor de Batasuna y dejan todas las responsabilidades en manos de los tribunales, en el seno del PP se muestran seguros de que Sortu no llegará a las urnas y señalan al Ejecutivo central como el órgano del que depende que el partido pueda concurrir en las municipales.
Así, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, apeló a la unidad entre partidos en materia de lucha antiterrorista en «este momento tan delicado», pero también «tan esperanzador» que se ha producido con la aparición del nuevo partido abertzale.
Además, pidió «establecer un principio de respeto institucional» para que los tribunales puedan dictaminar sobre la legalización del nuevo partido.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que su partido «se fía» del Gobierno en la lucha antiterrorista y que está convencido de que hará «todo lo posible» para que Sortu no se presente a las elecciones, ya que, según agregó, la presencia de esa formación en los comicios «depende» del Ejecutivo, no del Tribunal Supremo.
En medio de este debate político, la Fiscalía se pronunció ayer al respecto y detalló que para poder acudir a las urnas, la formación de la izquierda radical debe repudiar la violencia de ETA, «tanto anterior como posterior», para acreditar, «no solo formalmente, sino materialmente», su completa desvinculación de la banda terrorista.
Así lo aseguraron fuentes de ese organismo, que recordaron que hay una jurisprudencia firme -constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasburgo- que dice que hay una «conexión íntima» entre las formaciones políticas ilegalizadas y los asesinos, por lo que solo «una desvinculación absoluta» de la banda puede servir de contraindicio.
Esta exigencia, según las fuentes consultadas, es mayor si cabe cuando «quienes han formado parte» de esas formaciones prohibidas, como el ex dirigente de Batasuna Rufi Etxeberria, «son los que comparecen públicamente para anunciar la presentación de un nuevo partido».
«Evidentemente, ahí ya hay unos datos que de alguna manera mantienen esa ligazón» entre ETA y Sortu, añaden las fuentes, que insisten en que para acreditar su desvinculación de la banda, el grupo, además de defender sus ideas por la vía pacífica y democrática, debería repudiar «toda clase de violencia y terrorismo, tanto anterior, como presente o posterior».
La Fiscalía, que está a la espera de que el Ministerio del Interior le remita la documentación aportada por Sortu para su inscripción en el registro de partidos, relativiza también el valor de las expresiones de rechazo a la violencia, incluida la de ETA, que figuran en los estatutos de la nueva formación política.
Mientras, Sortu continúa generando desconfianza después de que se conociera que su portavoz, el profesor de Periodismo de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki Zabaleta, aprobó con notable a la etarra Elena Beloqui, mientras esta se encontraba en prisión en Francia, un país con el que la UPV, según fuentes académicas, no tenía ningún tipo de convenio para poder impartir clases a distancia, ni tampoco en las cárceles.
El acta que firma el catedrático corresponde a la asignatura de tecnología de la comunicación, impartida en euskera, está firmada en 1989 y está recogida dentro del informe que realizó la Guardia Civil en septiembre de 2005, en el que se denuncian irregularidades en relación con los alumnos presos (por pertenencia a la banda armada), y en algunos casos, huidos de la Justicia.
