La subasta entre comercializadores de último recurso para fijar el término de la energía dentro de la tarifa de luz, cuyo peso ronda el 50% en el recibo, se cerró ayer con bajadas del 7,1%, según indicaron fuentes del sector.
Este descenso proporciona un margen al Gobierno para aplicar en abril un incremento en parecida proporción de la otra parte del recibo, la correspondiente a los costes regulados de la actividad eléctrica, o peajes, sin necesidad de subir la TUR.
El Ejecutivo advirtió de que la factura se encarecerá, previsiblemente, en abril para recoger las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a reenviar los consumos de cerca de 22 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger el coste real de la actividad eléctrica.
En todo caso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que no todo el peso de la refacturación caerá sobre el consumidor. Para ello, el Gabinete trabaja en una reforma energética que permita rebajar los costes del sistema eléctrico.
En una nota, el operador español del mercado ibérico de la electricidad, Omel, indica que la subasta se cerró con un precio para el producto de carga base de 51 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 56,27 euros por MWh para el producto punta.
La cantidad total de energía subastada para el segundo trimestre de 2012 fue adjudicada en su totalidad a 26 vendedores. De producto base se vendieron 3.000 megavatios (MW) en cada hora del segundo trimestre, mientras que del apartado punta se colocaron 451 MW en cada hora.
El concurso se desarrolló por Internet mediante el sistema informático de subastas del operador eléctrico y conforme a un mecanismo de reloj descendente en el que, partiendo de unos precios iniciales, se procedió a una reducción progresiva de los mismos en sucesivas rondas hasta llegar al equilibrio entre oferta y demanda en cada apartado.
En el escenario actual, las eléctricas adelantan que, para evitar que en 2012 el déficit de tarifa supere el tope legal de 1.500 millones de euros, es necesario subir un 30% los peajes de luz, que recogen los costes regulados del recibo, lo que redundaría en un alza del 15% en el precio final de la electricidad.
Frente a estos cálculos, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, indicó el viernes pasado que es el Gobierno el encargado de dirigir la política energética y advirtió a las eléctricas de que la solución del problema no recaerá solo sobre el consumidor.
Al margen de posibles recortes en los costes que se reconocen a las empresas, otra de las opciones para mitigar una fuerte subida de la luz sería ampliar el máximo legal de 1.500 millones de deuda eléctrica para el ejercicio.
