Garoña cerrará el próximo 6 de julio. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, confirmó ayer en el Congreso que el Gobierno trabaja en la orden ministerial que deberá promulgar antes de esa fecha y en la que se determinará el cese de explotación y cierre de la planta atómica situada en el Valle de Tobalina (Burgos). No obstante, advirtió que se está analizando la situación de la central nuclear en relación a los aspectos vinculados al cierre, ya que éste no se produce por razones de seguridad, «sino única y exclusivamente responde a razones económicas», situación que condiciona el carácter irrevocable de la decisión y deja una puerta abierta a su continuidad.
En una pregunta del diputado peneuvista Pedro Azpiazu sobre el futuro de la central nuclear, el ministro recordó que el pasado 16 de mayo, la propietaria de la central, Nuclenor (participada al 50 por ciento entre Endesa e Iberdrola) solicitó la modificación de la orden ministerial de 2012 que revocaba la fecha del 6 de julio de 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de esa central, al objeto de que se le concediera un nuevo plazo para que pudiera presentar una solicitud de renovación de la autorización de la explotación por un periodo de un año en el que la central se mantendría sin operar a potencia. «Esta modificación no ha podido ser concedida por el ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo», afirmó Soria.
Por tanto, señaló que en el momento actual, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo de explotación de la central.
Con ello, precisó que la tramitación de esta orden incluye la revisión de la documentación del expediente para las alegaciones de las tres comunidades autónomas implicadas: Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Al mismo tiempo, señaló que se ha remitido la documentación a los interesados para llevar a cabo el trámite de audiencia.
Análisis de la situación
No obstante, Soria advirtió que se está analizando la situación en relación con los aspectos relacionados con la regulación de ese cese definitivo y de explotación, ya que el cese no se produce por razones de seguridad nuclear, «sino única y exclusivamente» responde a razones económicas. «Es lo que está estudiando el ministerio», ha apostillado.
Con todo ello, el titular de Industria reconoció que, teniendo en cuenta la situación económica actual y que España es uno de los países europeos con mayor dependencia energética del resto del mundo, no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.
En este sentido, y para disminuir la dependencia energética y aumentar la seguridad del sistema español, reiteró que la intención del Gobierno es que, siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es quien debe indicarlo, determine que uno de los ocho reactores o todos los reactores españoles pueden seguir funcionando «el criterio del Gobierno será favorable a esa continuidad en el funcionamiento».
De hecho, esta misma intención la transmitió el pasado 27 de mayo en Burgos, en el marco de un foro organizado por Radio Televisión Castilla y León, donde apuntaba, tras conocer el informe favorable del CSN a conceder una prórroga de un año a la empresa para mantener su situación actual, la de parada segura, que todos los indicios apuntaban a su «continuidad» y que España no podía «permitirse el lujo de perder una capacidad de generación ya instalada» como Garoña dentro de su mix energético.
