Los segovianos que transcurran hoy, entre las doce del mediodía y la una de la tarde, por la avenida de Fernández Ladreda se encontrarán, junto al edificio de sindicatos, a un grupo de personas, convocadas por UGT y CCOO, cuyo objetivo es llamar la atención sobre la muy escasa plantilla que sufre el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
El secretario general de CCOO en la provincia, José Antonio López Murillo; el de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del mismo sindicato, José Andrés Orejana; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Mateo, y Manuel Sanz, responsable de Salud Laboral de la Unión Provincial de esta última organización, informaron ayer en rueda de prensa de los motivos de esta movilización, que tiene por lema ‘Arruinados por la empresa, maltratados por el FOGASA’.
Una única empleada tiene que hacer frente en la provincia a todos los expedientes que tramita el Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tiene la función de abonar a los trabajadores por cuenta ajena parte de los salarios e indemnizaciones adeudadas por empresas insolventes o en concurso de acreedores.
En la comparecencia de los representantes sindicales, estos denunciaron la situación de precariedad en que se encuentra el personal de FOGASA en toda España y, aunque en este momento en Segovia la situación ha mejorado —a finales de diciembre únicamente había 25 expedientes pendientes—, comentan que sólo una letrada tiene que enfrentarse a una labor ingente, de tramitación de expedientes tanto en la fase administrativa como judicial.
Esta situación provoca un importante retraso en el pago de las cantidades a las que tienen derecho los trabajadores afectados.
Los representantes de UGT y CCOO comentaron que hasta el año pasado, la letrada del FOGASA contaba con el apoyo de al menos una auxiliar administrativa, pero tras producirse su jubilación anticipada, la Administración Central ha decidido no cubrir esa plaza y amortizarla.
Por otro lado, recordaron que tras la aprobación del Real Decreto 20/2012, el pago de los sueldos adeudados por empresas insolventes por parte de este organismo se limitó al doble del salario mínimo interprofesional — 645,30 euros mensuales—, cuando hasta entonces el tope estaba en el triple. ADemás el número de días que paga el Fondo también quedó limitado a 120, en lugar de los 150 anteriores a esa modificación normativa. Los sindicatos calculan que estas medidas suponen una reducción del 40 por ciento en las prestaciones que reciben los solicitantes.
A esto se une, la demora en el pago, que oscila entre cuatro meses y un año, según los casos y la estimación de las organizaciones sindicales.
Durante la concentración prevista para hoy los representantes sindicales entregarán un escrito conjunto, consensuado por UGT y CCOO, reclamando el pago de las prestaciones y una solución concreta, global y definitiva para mejorar la gestión del FOGASA.
