La prestación de 426 euros para desempleados que se han quedado sin cobertura ha sido otorgada en los últimos once meses -desde su puesta en marcha- a 615.771 personas, aunque únicamente un 30,7% de los beneficiados (189.000) encontró trabajo.
Estos son los datos que dio ayer a conocer el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se amplió por otros seis meses esta prestación.
La prórroga del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que el pasado mes de julio daba cobertura a 300.000 personas, costará 420 millones de euros y Trabajo calcula que se beneficiarán de él 219.242 personas.
El Consejo de Ministros ha decidido también que Trabajo elabore un informe en el que haga un balance detallado del Prodi, por el que se articuló esta ayuda, y también un análisis del resto de prestaciones que ofrece el Estado.
Corbacho admitió que con los resultados de este estudio se decidirá si se vuelve a prorrogar o no la prestación de 426 euros, mientras que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que con las conclusiones de dicho informe «se articularán nuevos mecanismos» para hacer más eficaz la inserción laboral de estas personas.
Con la prórroga del programa, el Gobierno cumple con la propuesta de resolución que el Congreso aprobó en julio tras el debate sobre el estado de la nación, en la que se reclamaba la citada prórroga aunque se restringía los beneficiarios, ya que antes podía ser cualquier desempleado menor de 65 años.
Trabajo la ha hecho al final menos restrictiva: la resolución del Congreso pedía que solo beneficiara a menores de 30 años, parados de larga duración y mayores de 45, pero lo aprobado ayer incluye además a los desempleados de entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares.
Corbacho recordó que la prestación está ligada al compromiso de participar en «itinerarios de inserción» y formación para que aumenten sus posibilidades de acceder a un puesto laboral.
Además resaltó el «importante esfuerzo» por parte del Gobierno para tomar esta decisión «en un momento de dificultad económica» en el que se están recortando todas las partidas presupuestarias. No obstante, el Ejecutivo entiende, señaló el ministro, que este programa tenía que ser objeto de una nueva prórroga porque ha dado cumplimiento al objetivo de extender la red de protección social a personas que se hayan quedado sin prestaciones.
Corbacho anunció que en un futuro, además de las políticas de protección al desempleado, los esfuerzos deberán concentrarse en medidas de activación del empleo. Además, defendió que se sancione o se prive de prestación a quienes estén recibiendo ayudas y rehusen hacer cursos o aceptar las ofertas de empleo.
