El 6,56 % de las infracciones laborales detectadas por la Inspección de Trabajo entre 2015 y 2022 corresponden al sector agrario, ha asegurado la organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. La organización agraria ha accedido a los datos relativos a las inspecciones de trabajo entre 2015 y 2022, un total de 8,2 millones de actuaciones que han derivado en un total de 688.644 infracciones.
De esas faltas, solo el 6,56 % se ha cometido en el campo, lo que refleja que el sector agrario se ha comportado mejor que el resto, ya que ha tenido un menor número de sanciones pese al aumento de inspecciones y contrataciones.
La organización afirma que el sector ha mantenido los niveles de infracción, “mejorables pero habituales”, en comparación con el aumento registrado en las demás actividades económicas. Eso demuestra que “la mala imagen que recae sobre el sector agrario no está justificada”, ha apuntado Unión de Uniones. En su opinión, los productores primarios han “tenido que soportar” cómo les hacían inspecciones con aviones y helicópteros como si estuviesen “cometiendo un crimen”, cuando “bastaba mirar los datos históricos para saber que era innecesario tal despliegue”. Las inspecciones abarcan ámbitos de actuación como la seguridad social, las relaciones laborales y el empleo de extranjeros. De los 140 millones de contrataciones recogidas en el periodo 2015-2021, el sector agrario representa el 14,73 %, con 20,6 millones de empleos, por encima de los 8,3 millones de la construcción y los 14,9 millones de la industria.
El sector gestiona más contratos y acciones en materia de trabajo que otros sectores, algunos con mayores trámites y dificultades al contar con una mayor proporción de trabajadores extranjeros, y pese a ello, las tasas de infracción son comparables al resto de sectores, según la organización agraria.
Por comunidades, Andalucía concentra el 40% de las inspecciones de trabajo en el sector, seguida de Comunidad Valencia (8,9 %), Castilla y León (7,9 %), Castilla-La Mancha (7,7 %), Extremadura (7,6 %) y Murcia (6,6 %). Las que presentan una mayor ratio de infracciones son Murcia (19,1 %), Extremadura (15,6 %), Castilla-La Mancha (13,3 %), Andalucía (12,8 %), Comunidad Valenciana (11,9 %) y Cataluña (11,5 %).
