Los problemas se le acumulan a Gerardo Díaz Ferrán. La Fiscalía pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investigue la denuncia presentada por varias asociaciones de consumidores contra Air Comet, firma de la que es copropietario el presidente de la patronal, por la venta de billetes tras el cese de su actividad, ya que estos hechos podrían ser «constitutivos de un delito de estafa».
El Ministerio Público insta a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía a informar al Juzgado de Instrucción número 1 si la aerolínea continuó vendiendo billetes después de que un magistrado de Londres acordara paralizar su actividad.
Además, solicita que Fomento atestigüe si «efectuó alguna comunicación o requerimiento respecto a su forma de llevar a cabo su gestión de la propia entidad, tipo de licencia concedida, actividad permitida y cualquier otra información de interés».
Asimismo, exige a Pedraz que el Ministerio que dirige José Blanco remita el expediente abierto a la compañía de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
Según fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional podría resolver hoy la petición de la Fiscalía, que también considera que habría que enviar una comisión rogatoria urgente al Reino Unido para que remita la resolución del Juez de la Corte Suprema de Londres.
El fiscal de la Audiencia Jesús Alonso cree que los hechos descritos en la denuncia presentada contra Air Comet podrían ser constitutivos de un delito de estafa «contra una generalidad de personas», por lo que el caso es competencia del citado tribunal.
El pasado 23 de diciembre, una decena de asociaciones de consumidores demandaron a los representantes legales de la aerolínea también por apropiación indebida e insolvencia punible.
Los afectados por la quiebra de la empresa, bajo la dirección jurídica de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), pidieron que el órgano instructor depurara las responsabilidades penales de los dueños de Air Comet, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Gonzalo Pascual.
En el texto de la denuncia, los demandantes acusan a la firma aérea de haber estado vendiendo pasajes a sus clientes hasta el 18 de diciembre «con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones».
