El Ministerio de Justicia estudiará la petición del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de eliminar la posibilidad de admitir la esterilización forzosa en el caso de personas con discapacidad incapacitadas por orden judicial, según explicaron fuentes de este departamento, que precisaron que esta propuesta se analizará en el marco de las reformas de los códigos Civil y Penal que tiene pendiente el Ejecutivo.
Igualmente, explicaron que analizarán la petición de revisar los procedimientos de tutela y curatela en el marco de estas modificaciones, así como el resto de propuestas planteadas por el Cermi durante la reunión mantenida ayer con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Concretamente, el Comité de Personas Discapacitadas reclamó al político que se dé un impulso de iniciativas legislativas para culminar la adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de los discapacitados y pidieron «una nueva regulación civil para sustituir los procedimientos de incapacitación judicial por procesos de apoyo a la toma libre de decisiones».
Además, la asociación apoyó a Gallardón en su decisión de reformar la actual ley de plazos sobre el aborto, aprobada por el anterior Gobierno, y le demandó la supresión de cualquier elemento de discriminación por razón de discapacidad en la regulación de la interrupción del embarazo.
