El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha sobreseído la causa que por fraude fiscal a través de la sociedad Hotel San Pablo se seguía contra el presidente de Parqueolid, Luis María García Clérigo, como consecuencia del deterioro cognitivo que presenta y que le impide sentarse en el banquillo.
El auto del juez se produce como consecuencia de la comparecencia celebrada el pasado día 27 de abril consistente en la exposición de distintas periciales médicas y sanitarias sobre el estado mental del encausado a fin de concretar si el grado de afección que presenta le faculta para ser objeto de enjuiciamiento penal.
Pues bien, a tenor de las pruebas practicadas, entre ellas las efectuadas por el equipo de Psiquiatría-Psicología Forense y Criminología de la Policlínica Médica Hipócrates de Valladolid, el juzgador acordó sobreseer la causa penal contra él, aunque con reserva de las acciones indemnizatorias oportunas a favor de la Hacienda Pública, bien a través de la vía civil o la tributaria.
Pero además, el juez ha resuelto remitir testimonio de su auto y de los informes médicos presentados a la Fiscalía de Incapacidades por si ésta considerara procedente iniciar los trámites de limitación de capacidad del promotor inmobiliario a la vista de su situación presente.
En su decisión, el juez se fundamenta en los referidos informes que certifican que Luis María García Clérigo presenta un deterioro severo a raíz de un accidente cerebro-vascular sufrido en 2007, asociado a un síndrome depresivo diagnosticado en 2014 que limitan sus capacidades intelectivas, hasta el punto de ser incapaz de “atender y entender aquello sobre lo que se le está juzgando”.
En este sentido, el sobreseimiento respecto de su persona del delito de fraude fiscal que por importe de 430.000 euros habría cometido, presuntamente, a través de la sociedad Hotel San Pablo, titular del Colegio de El Salvador, ha sido adoptado a fin de no generarle indefensión y evitar vulnerar su derecho fundamental a un juicio justo.
De este modo, García Clérigo ve extinguida su responsabilidad penal en este procedimiento, no así el resto de acusados, José Martín Giraldo y Fernando Mínguez Beltrán, administradores mancomunados, junto al primero, de Hotel San Pablo, así como el administrador de Soincom, José Manuel Castro Piedrafita. El juicio contra ellos se celebrará, en fecha aún por determinar, en el Juzgado de lo Penal 2.
Fiscalía y el abogado de la AEAT acusan a los tres primeros de concertarse con el titular de la empresa ‘facturera’ Soincom, Castro Piedrafita, para que éste emitiera una factura por importe de casi 2.700.000 euros por servicios ficticios prestados a Hotel San Pablo con el único objeto de desgravación impositiva, con lo que el erario público dejó de ingresar un total de 430.098 euros.
