Los grupos Popular y Socialista no lograron ayer un acuerdo en el pleno de las Cortes sobre la posibilidad de solicitar la competencia de las bonificaciones empresariales a la formación y contratación, cuya petición se abre tras el pacto entre el Grupo Socialista en el Congreso y el PNV, de manera que se aprobó, con la abstención socialista, la propuesta popular en la que se reclama respeto a los principios de igualdad y solidaridad en caso de que se traspase al País Vasco.
El popular Raúl de la Hoz y el socialista Francisco Ramos trataron de negociar una propuesta conjunta ante la presentación por cada grupo de sendas proposiciones no de ley, la del primero para prevenir ante «una nueva amenaza», en referencia al acuerdo PSOE-PNV para la aprobación de los presupuestos estatales, y la del segundo para iniciar la negociación de este traspaso por parte de la Junta. De la Hoz, que incidió en que un parado del País Vasco contará con 3.200 euros y uno de Castilla y León con 850, planteó una enmienda, desde la prudencia, que recogía lo que el lunes explicó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando respondió al leonesista Joaquín Otero.
La propuesta formulada para el acuerdo era la convocatoria del Grupo de Trabajo de Desarrollo Estatutario de la Comisión de Cooperación con el Gobierno para recibir información exacta del contenido de la transferencia, la posibilidad de ampliarla a otras comunidades y si es beneficiosa para Castilla y León y se respeta la caja única se pediría.
«Hay que ser prudentes y no lanzarse a una competencia que no se sabe si es constitucional», recalcó De la Hoz, que leyó el pasaje de una sentencia del Constitucional en el que se vincula las bonificaciones al régimen de la Seguridad Social. «No se conoce la letra pequeña del traspaso».
Ramos calificó la propuesta de «positiva» y dirigida a mejorar el autogobierno al poder contar con unas competencias que amplían la actual gestión de las políticas activas de empleo transferidas a la Junta. Así, insistió en que no se rompe la caja única porque no se transfiere la cotización a la Seguridad Social ni el desempleo y recordó que el presidente de Valencia, Francisco Camps, ha anunciado que la va a pedir, lo que demuestra, en su opinión, que es constitucional. Para el socialista, la prudencia que alegó el parlamentario popular es «cobardía».
Asimismo, calificó de «patriotismo» la posición de los nacionalistas al acordar en momentos difíciles materias para el interés general y sostuvo que la Junta ha encontrado en esa transferencia «un raca raca» para «desgastar» al Gobierno de Zapatero porque «tiene pánico» a que se hable de competencias que son de su responsabilidad. «Su proposición es papel mojado y no aporta nada, la igualdad y la solidaridad están en la Constitución», aseveró.
De la Hoz concluyó que la eficiencia en las políticas activas de empleo se consigue con más recursos e insistió en la diferencia entre lo que percibirá un parado del País Vasco y uno de la región.
Los socialistas reclaman una reducción de las consejerías.- El portavoz socialista de Hacienda, Pascual Fernández, reclamó ayer la reducción de la estructura administrativa de la Junta ante la caída de los recursos en el próximo presupuesto y denunció el aumento del 41 por ciento en el gasto de personal de las consejerías desdobladas. Asimismo, instó a la Junta a que no reduzca el presupuesto de Agricultura un 10 por ciento en 2011, algo que el PP rechazó.
