El Tribunal Supremo considera, conforme a lo sostenido por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, que las restricciones impuestas por la normativa que afectaron a la actividad empresarial asociada a algunos establecimientos para frenar la propagación de la pandemia de COVID “fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación, y gozaron del suficiente grado de generalidad en cuanto a sus destinatarios, de modo que no generaron ningún derecho de indemnización por los posibles perjuicios sufridos”.
El Gobierno regional afirma que el Tribunal afirma que la sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos, de manera que “la vía de reparación o minoración de los daños para aquellos que los padecieron con mayor intensidad, de ser procedente, debería articularse a través de las ayudas públicas, que se concedieron ampliamente, pero no la de la responsabilidad patrimonial”.
Como argumentaron los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la sentencia reconoce que esas medidas encontraban su encaje en las previsiones de la Ley General de Salud Pública, regulación que excluye el hecho de que la Administración deba indemnizar los gastos causados por las medidas adoptadas para preservar la salud pública.
Frente a lo anterior, la sentencia considera que las partes demandantes “no han llegado a acreditar que las medidas a las que se imputa el daño carezcan de justificación, idoneidad y razonabilidad, algo que resulta especialmente exigible conforme al principio de precaución, reconocido por el Derecho de la Unión Europea, cuando, como ocurre en este caso, la salud humana está en riesgo”.
La resolución también considera que no se está ante supuestos de “privación de bienes o derechos, entendida esta como sacrificio especial impuesto de forma directa a través de un procedimiento específico”, sino ante un supuesto de “restricciones generales de carácter temporal del ejercicio de determinados derechos, impuestas a través de una norma jurídica con valor de ley que a todos obliga, y con el fin de preservar la salud y la vida de los ciudadanos”.
