El Ministerio de Sanidad impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.
Así lo han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que lo hará mediante una declaración de actuaciones coordinadas regulada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que “obliga a todas las partes” incluidas en ella.
El miércoles es cuando acaba el plazo para que las distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el Ministerio de retomar el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios, que hasta ahora solo han aceptado seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias.
Mientras, el resto aboga por un uso recomendado y así se lo han hecho saber a la ministra durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que varios consejeros le han pedido que acompañe los criterios técnicos que avalan esta medida.
Sin embargo, la declaración de actuaciones coordinadas implicará que ellas también deban imponerla.
La intención de Sanidad es unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.
Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia de covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma.
De acuerdo con la citada ley, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, “en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”.
Esta declaración, que “obliga a todas las partes incluidas en ella”, debe “responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública”, entre otros supuestos.
profesionales
El consejero de Sanidad Alejandro Vázquez, en la reunión sin acuerdo sobre la obligatoriedad de las mascarillas, volvió a pedir a la ministra, Mónica García, la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ante el “grave problema” del déficit de profesionales, más, tras la convocatoria urgente del pleno de ayer, algo que le sorprende.
“Queda meridianamente claro, al no haberlo convocado, que el Ministerio no tiene ningún interés” en abordar la falta de profesionales, cuando “dijo en sus primeras palabras que se iba a encargar de nutrir especialistas”. “Se ha perdido una oportunidad. Tendríamos un sistema más robusto en estas circunstancias”, sentenció, para recordar que desde el 21 de diciembre, último Interterritorial, nadie se ha puesto en contacto con los responsables de la consejería para conocer la situación epidemiológica y de presión asistencial en Castilla y León.
Vázquez denunció la “falta de sistemática” con esta “convocatoria extemporánea”, puesto que no se reunió previamente ni la Ponencia de Alertas Sanitarias, ni la Comisión de Salud Pública, que está programada para el 18 de enero. “Hubiera sido necesario, para poder estudiar mucho mejor si mascarillas sí o no”. En el transcurso de la rueda de prensa, el Ministerio convocó la Ponencia para dentro de 48 horas, el próximo miércoles, 10 de enero.
Por último, respecto a la posibilidad de que los pacientes puedan generar una autobaja durante tres días para no saturar los servicios, el consejero dijo que es una propuesta que está estudiando el Ministerio con la Seguridad Social. Consideró que “no se debe banalizar la desburocratización” y que la baja médica es un acto médico. Otra cosa es mejorar los circuitos de gestión de incapacidad temporal, pero hay que dar garantías, zanjó.
Pico de incidencia de la gripe
Castilla y León podría alcanzar a lo largo de las dos próximas semanas el pico de incidencia de la gripe, en un escenario en el que hay cierta “tensión asistencial”, por la convivencia de este virus, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial. Sin embargo no hay una situación “de colapso” y todavía hay margen, con unos hospitales que están al 75 por ciento de ocupación, con 5.207 pacientes ingresados, y unos centros de salud que notan la patología, pero que están citando en su mayoría en menos de 48 horas a los pacientes. Así lo explicó la directora general de Asistencia Sanitaria, Silvia Fernández, quien compareció para informar sobre la situación epidemiológica en Castilla y León.
Hoy se conocerá el último informe de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, que incluirá datos de la primera semana de enero, pero todo indica a que la curva haya crecido, por encima de los 207 casos por cada 100.000 habitantes, de la semana 52. Estos datos entran dentro de una situación de normalidad, incluso con un nivel de intensidad más bajo por estas fechas dentro del histórico de temporadas gripales, según precisó el consejero. “Estamos en un nivel medio de intensidad”.
No obstante, debido a que la curva seguirá creciendo y quedan algunas semanas de circulación del virus, Vázquez animó a la población diana a vacunarse, debido a la “fatiga vacunal” que existe en algunos grupos diana, como el de los mayores de 60 años, con coberturas de vacuna gripal del 60 por ciento, y del 50 por ciento, en el caso del covid-19. Además, lamentó la baja tasa de vacunación frente al virus de la gripe en niños menores de cinco año, que está en el 40 por ciento.
Plan de contingencia
Para afrontar las próximas semanas, el consejero recordó que existe un plan de contingencia invernal, que sirve para planificar y organizar cambios estructurales y organizativos en los centros, ante el aumento de la presión asistencial.
