El 30 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2021 de 29 de marzo que entró en vigor el día 31 del pasado mes.
En este artículo solo voy a referirme a un aspecto concreto de la citada norma, a saber, el uso obligatorio de mascarilla siempre y en todo lugar.
Como antecedentes, cabría destacar el marco normativo establecido por el Real Decreto 463/20, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, con sus seis prórrogas sucesivas y el Real Decreto 926/20, de 25 de octubre, de quince días, y su prórroga de seis meses de duración, que dejará de estar en vigor el próximo 8 de mayo y que todo apunta a pensar que va a ser la fecha definitiva en que finalice esta situación excepcional. Estas disposiciones legislativas habilitaban la delegación para legislar determinadas cuestiones a ministros y comunidades autónomas (dada la situación de urgencia) y ha provocado un maremágnum normativo, en muchas ocasiones contradictorio, si bien, dentro del ámbito de la propia situación de excepcionalidad derivada del estado de alarma.
Pero, paralelamente, por otro lado, el 15 de abril de 2020, la presidenta de la Comunidad Europea y el presidente del Consejo Europeo presentaron la ‘Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la Covid-19’. A eso, en nuestro país, se le denominó ‘el estado de desescalada hacia la nueva normalidad’. A partir de entonces, nuestras vidas se han visto reguladas en orden a esa ‘nueva normalidad’, por el pertinente titular de la cartera del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, mediante normas que regulan situaciones que podrían ir más allá del propio estado de alarma.
Llama poderosamente la atención el mismo título de la citada ley, ya que, siguiendo este hilo argumental, nos encontramos con que, en definitiva, son el Gobierno, el ministro de Sanidad y las autonomías quienes están determinando qué es o no es lo ‘normal’, dejando sin efecto de un plumazo lo que hasta ahora había venido siendo ‘normal’. Se trata de un cambio de paradigma, no desde la persona, sino desde el Estado, que ha pasado a ser el órgano que define y determina lo que se encuentra dentro y fuera de la normalidad.
En este orden de cosas, resulta esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de contención adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, por un lado, y las derivadas de la crisis sanitaria propiamente dicha provocada por la crisis sanitaria que puede subsistir incluso tras la finalización de dicho estado de alarma, por otro. Y es precisamente en base a este último criterio, el contexto dentro del que se ha dictado la ley que contiene la obligatoriedad del uso de “la mascarilla siempre y en todo lugar”.
Es evidente, y así lo hace constar la exposición de motivos de la propia ley 2/21 de 29 de noviembre, que la norma se dicta para poder establecer “el mantenimiento de determinadas medidas de prevención e higiene, como son el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público”, pero en ningún caso, ampliarlos o agravarlos y mucho menos, llevarlos al absurdo.
Nos vemos abocados a situaciones tan absurdas y ridículas como tener que llevar la mascarilla puesta aun encontrándonos en soledad
Durante el estado de alarma, hasta ahora, el uso de la mascarilla era obligatorio en determinados espacios al aire libre (la montaña, las playas, etc.) siempre y cuando no pudiera mantenerse la distancia interpersonal de seguridad de un metro y medio. Sin embargo, desde el 31 de marzo y hasta mucho más allá del final de la alarma, nos vemos abocados a situaciones tan absurdas y ridículas como tener que llevar la mascarilla puesta aun encontrándonos en soledad en la cima de una montaña o mientras paseamos nuestra desnudez por una playa nudista virgen e inhóspita, por poner un ejemplo.
Pero es que desde aquí, queremos llegar mucho más allá de la ridiculez o la absurdez. Queremos reflexionar sobre la gravedad de todos estos acontecimientos y el peligro hacia donde nos pueden llevar. Este invento de crear una ‘nueva normalidad’ para hacernos más felices a todos, es el caldo de cultivo para que un determinado ministerio o las diecisiete comunidades autónomas puedan dictar, cada uno por su cuenta, leyes de la horma de la que acabamos de citar, limitativas de derechos fundamentales y sin el amparo siquiera de un estado de alarma, excepción o sitio. El ejemplo de la “mascarilla siempre y en todo lugar” es un mero señuelo para mostrar la posibilidad de que, más allá del estado excepcional y en adelante, las autonomías podrían dar inicio a una retahíla de normas de este calibre, sin fin. El rango de ‘ley’ las convertiría en inmunes al control de los tribunales de justicia y exclusivamente podrían impugnarse mediante recurso o cuestión de inconstitucionalidad, el cual tiene muy limitada la figura del sujeto legitimado para ejercitarlo. Por otro lado, el alto grado de politización de las altas esferas judiciales, hace que dilaciones inexplicables a determinados recursos (como el que debe resolver la constitucionalidad del estado de alarma en el que nos encontramos y que se resolverá cuando éste haya pasado) se hayan convertido ya en una evidencia de este paradigma de ‘la nueva normalidad’, y con ello, que pudiéramos vernos abocados a situaciones sin sentido que perduraran en el tiempo. Y es que, solo de una verdadera independencia del poder judicial, pende la garantía del Estado de Derecho y de nuestra propia libertad.
