La empresa Setex Aparki S.A. asumirá dos años más el servicio de control de las zonas de aparcamiento regulado (ORA), que suman casi 3.000 plazas, 740 de ellas en el casco antiguo. El pleno municipal aprobará mañana una nueva prórroga del contrato del servicio a favor de Setex, hasta septiembre de 2016.
La vinculación contractual de Setex con el Ayuntamiento de Segovia se remonta a 1994. Aquel contrato establecía la posibilidad de establecer prórrogas bianuales hasta un máximo de 50 años. A los diez años de vigencia del contrato, en 2004, el Gobierno municipal revisó el acuerdo de concesión, tal y como quedó pactado en su día, y optó, de mutuo acuerdo con la empresa, por conceder otra nueva prórroga bianual. En consecuencia, la que se aprobará mañana será la sexta prórroga del contrato, desde la última revisión, a favor de Setex, que también asume el servicio municipal de inmovilización y retirada de vehículos a través de la grúa.
La concejala de Tráfico, Transportes y Policía Local, María José de Andrés, aseguró ayer que aunque el contrato permite prórrogas bianuales hasta un máximo de 50 años, “creemos que ésta debería ser la última”. “Ciertamente –añadió- es un contrato antiguo y en 2016 sería el momento adecuado para sacar una nueva licitación, aunque esta decisión corresponderá a la siguiente corporación”.
La nueva prórroga no modificará las condiciones del contrato primitivo, que establece que el 85% del remanente que obtenga la empresa, como resultado de la diferencia entre el coste del servicio y la recaudación obtenida, deberá ingresarlo en las arcas municipales. Si los costes superan la recaudación obtenida, el Ayuntamiento queda eximido de cualquier pago porque la concesión es “a riesgo y ventura” de la empresa que presta el servicio, según quedó recogido en el pliego de concesión.
La primera liquidación favorable al municipio, la de 2003, le reportó al Ayuntamiento apenas unos 4.500 euros; mientras que las de 2004 y 2005, dejaran en las arcas municipales, sumadas las dos cantidades, casi 95.000 euros. De Andrés no acertó a precisar las cantidades exactas de costes y recaudación de los últimos años, aunque sí precisó que en el año 2012, de acuerdo con la documentación presentada por la empresa y que actualmente revisa el departamento de Intervención, los costes se cifraron en 1,4 millones de euros; mientras que la recaudación “fue algo menor” a esa cantidad, indicó la concejala. La responsable de Tráfico explicó que en los últimos años las cifras de costes y recaudación han sido muy parejas, “con un margen muy pequeño de ganancia” para la concesionaria.
Esta menor recaudación está en sintonía con el hecho de la clara disminución en el número de multas impuestas por infringir la ORA.
Menos multas
A lo largo de 2013, la Concejalía de Tráfico tramitó un total de 21.100 expedientes sancionadores, 4.552 menos que en 2012; y 6.403 menos que en 2011 (27.503). Como es habitual, la mayoría se corresponden con denuncias por infringir la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA), con 14.395, que son 2.022 menos que en 2012; y 871 menos que en 2011 (15.266).
Lo llamativo es que este descenso en el número de multas de la ORA registradas en el año pasado se produce después de que el Ayuntamiento aumentara las plazas de zona azul en la ciudad. Y de forma nada despreciable.
En agosto de 2012 se añadieron, en el entorno de los barrios de Santa Eulalia y El Salvador, hasta 515 estacionamientos en ‘zona azul’, que se sumaban a los 2.218 que ya existían en la ciudad. Más plazas de ‘zona azul’ y, sin embargo, las denuncias por infringir la ORA disminuyen. Será porque los conductores están más atentos, ponen tickets, los renuevan dentro del tiempo establecido o anulan las multas que ponen los controladores por sobrepasar el tiempo de estacionamiento antes de que la empresa las tramite al Negociado de Tráfico. Con más plazas azules, la posibilidad de incrementar el número de sanciones aumenta y, sin embargo, ocurre todo lo contrario.
BONOBÚS
A propuesta del Gobierno municipal, el pleno aprobará mañana una modificación del reglamento del transporte público, con el fin de simplificar los trámites para la obtención del bono para discapacitados (0,47 euros por billete) y el destinado a personas con movilidad reducida (0,06 euros).
Las personas con discapacidad permanente ya no deberán tramitar una renovación anual, sino que se hará automáticamente. En el resto, la renovación se ajustará al periodo que marque cada expediente, de tal manera que si, por ejemplo, la discapacidad debe valorarse cada cinco años, éste sea también el momento de renovación del bono del autobús.
La concejala de Tráfico y Transportes, María José de Andrés, avanzó que sus técnicos y los de Servicios Sociales estudian la posibilidad de ampliar los títulos de bonos para otros colectivos desprotegidos, caso de las personas en desempleo. En la actualidad, además del billete de jubilado (0,06 euros por trayecto), existen bonos para familias numerosas (0,48 euros por viaje); para jóvenes (0,43 euros); para discapacitados (0,47 euros); para personas con movilidad reducida (0,06 euros) y el bono subvencionado (0,28 euros).
