El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra afirmó ayer, al salir de la primera jornada de su juicio en la Audiencia de Barcelona por los sueldos de la entidad, que “estos sueldos escandalosos no existen” y que todas las decisiones fueron legales y legítimas.
En declaraciones a los medios, al preguntársele por los sueldos supuestamente desproporcionados que se aprobaron en dos consejos de administración de 2010, ha afirmado: “Estos sueldos escandalosos no existen. El fiscal solo nos acusa del salario del director. No acusa de nada más”.
Serra admitió que está preocupado: “Sería insólito que una persona estuviera bajo juicio y no estuviera preocupado. Tranquilo y preocupado”. El exministro, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por dos presuntos delitos de administración desleal a petición de la Fiscalía, aseguró que demostrará que todos los acusados hicieron “lo que correspondía”.
“Y que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección, que no hay más que decisiones legales y legítimas”, añadió.
A su llegada al tribunal, Serra ya había afirmado que no se arrepiente de su gestión al frente de Caixa Catalunya: “Hice lo que debía hacer”. La Sección 8 de la Audiencia le empezó a juzgar junto a otros 40 acusados por la causa los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica, de 2008 a 2012, y durante la sesión se plantearon las cuestiones previas.
En la vista, el tribunal aceptó a petición de Pau Molins, abogado de Narcís Serra, que los acusados puedan ausentarse de algunas sesiones si así lo solicitan una vez hayan declarado como acusados, si bien deberán estar para el turno de la última palabra.
La defensa de Serra planteó durante las cuestiones previas que se anule el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, al considerar que la CUP, que ejerce de acusación popular, no está legitimada para ejercer la acción civil y reclamar responsabilidades económicas a los acusados.
El tribunal ya adelantó que va a rechazar anular dicho auto de apertura de juicio oral, con lo que el juicio podrá proseguir, aunque ha anunciado que motivará por escrito los argumentos sobre si la CUP puede ejercer la acción civil.
Con este mismo argumento sobre la CUP, Pau Molins pidió reducir la fianza pedida a sus clientes como responsabilidad civil, porque ni la CUP ni la Confederación Intersindical de Cajas (acusación que se retiró) tienen legitimación para pedirles esa responsabilidad civil, con lo que la fianza debería fijarse en la cantidad que pide el fiscal, 2,5 millones de euros, y no 9,5 (por la petición de la CUP).
Juan Segarra (abogado del exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó, uno de los directivos acusados cuyas retribuciones el fiscal ve “desproprocionadas”) solicitó que, al retirarse la acusación particular de la CIC, se le debía devolver un aval bancario aportado para cubrir la petición que le hacían, de 800.000 euros de fianza.
Segarra pidió, por otro lado, que la Fiscalía excluya de su acusación que el consejo de administración de enero de 2010 aumentara el salario fijo de Todó, ya que en la denuncia inicial y en la instrucción judicial solo se refería al aumento variable, lo que para el letrado puede vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva.
