Seis personas perdieron la vida durante la madrugada del lunes al martes como consecuencia del incendio registrado en la residencia de ancianos Aurora, un centro privado situado en el casco urbano de Sevilla. El siniestro provocó también heridas a otros 10 individuos, aunque al cierre de esta edición tan solo cinco continuaban hospitalizados.
La Policía investiga el origen del incendio, que, según las primeras hipótesis pudo ser debido a un incidente «de tipo eléctrico», una teoría que concuerda con las declaraciones de la cocinera del centro y el marido de la dueña, quienes aseguraron haber oído una explosión instantes antes de que comenzara el fuego.
Pocas horas después de certificarse el trágico balance, la Junta de Andalucía se apresuró a informar de que la residencia siniestrada cumplía todos los requisitos exigidos por la Ley. Según las autoridades regionales, exquisitamente preocupadas por quedar al margen de cualquier responsabilidad, la última revisión administrativa se había realizado en el mes de septiembre de 2009.
El luctuoso suceso se produjo pocos minutos antes de la medianoche del lunes, hora a la que el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del fuego en la residencia y avisando de que podría haber gente en el interior del edificio, ya que cada noche dormían habitualmente en él 19 residentes y dos empleados.
Al lugar se desplazaron de inmediato siete dotaciones de Bomberos y una decena de la Policía local, que formaron una cadena humana con el fin de evacuar a los heridos lo antes posible.
Tales esfuerzos permitieron rescatar a 20 personas, muchas de ellas con heridas de diversa consideración. Nueve fueron atendidas in situ, mientras que el resto debieron ser trasladadas a diversos centros hospitalarios de la capital hispalense.
A lo largo del día, seis lesionados recibieron el alta médica, pero uno falleció poco después de ingresar. Esta última víctima mortal se unió a los cinco ancianos que no pudieron ser evacuados. Se trata de dos varones y cuatro mujeres.
Inmediatamente después del suceso, tanto la Policía Científica como los Bomberos iniciaron una investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro, que, según todos los indicios, comenzó en la tercera planta , que fue la más afectada por el humo.
Tras escuchar los testimonios de varios empleados de la residencia, que hablaron de una pequeña explosión, «como si fuera un cortocircuito», inmediatamente antes de que brotaran las llamas, el jefe del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica explicó a los periodistas que queda completamente descartado que el incendio fuera provocado por algún tipo de «acción criminal», por lo que, siempre a la espera de reunir todas las evidencias, puede concluirse que se trata de un suceso fortuito, sin que mediara «intervención de la conducta humana, voluntaria o involuntariamente».
No obstante, el mando de las Fuerzas de Seguridad quiso dejar claro que, por el momento, no se pueden determinar las causas concretas que originaron el siniestro, algo que no será posible «hasta que no se haga el estudio exhaustivo en el laboratorio».
Tales pesquisas se demorarán entre 10 y 15 días.
Una vez sofocadas las llamas, numerosos familiares de los ancianos residentes en Aurora se acercaron hasta la residencia, bien para recabar información, bien para recoger algunos enseres personales de sus seres queridos. Fue el caso de José Álvarez Ruiz, sobrino de uno de los fallecidos, que aseguró que su tía (que estaba viuda y no tenía hijos) estaba «muy bien cuidada y limpia».
Además, apuntó a la posibilidad de que un «cable del aire acondicionado» fuera el causante del mortal cortocircuito.
También se refirió al suceso María Jesús, la mujer que alertó en primer lugar al 112, que aseguró que los Bomberos apenas tardaron cinco minutos en llegar.
Por su parte, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, que insistió en que la residencia tenía todos los papeles en regla, sí detalló que, como resultado de la última revisión, realizada el pasado mes de septiembre, el Gobierno regional requirió a los propietarios la realización de «algunas remodelaciones», y apuntó que en marzo estaba prevista una nueva comprobación para certificar que se habían llevado a cabo.
La socialista precisó pues que Aurora tenía una autorización «provisional», y recordó que, en función de la Ley de la Dependencia, los centros residenciales de toda España tienen tres años para adaptarse a la nueva normativa.
Por último, pidió disculpas por los momentos de «confusión» que se generaron en los primeros instantes del siniestro. «En aquel momento de angustia, no era fácil buscar los nombres y los teléfonos de los familiares para llamarlos y comunicarles lo que había sucedido, porque lo que había que hacer era atender inmediatamente a los heridos», justificó.
